No le echemos la culpa a las montañas

Subir los estándares de las normas de calidad del aire, trasladar las empresas contaminantes lejos de la capital y eliminar el subsidio relativo al diesel, son alguna de las medidas que Pablo González, director del Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), propone en la siguiente columna con el fin de hacer frente a la contaminación en Santiago."El problema de la contaminación no se resuelve con súplicas sino con voluntad política", afirmó el académico. Entre las medidas propuestas por el profesor González se encuentran una mayor exigencia en las normas, la prohibición de la leña y la ampliación de los medios de fiscalización.
Para reducir la contaminación en Santiago, las autoridades intentan controlar las quemas agrícolas y las fuentes industriales, pero más que nada apelan a la buena voluntad para disminuir el uso del automóvil y la leña. El problema de la contaminación no se resuelve con súplicas sino con voluntad política. Si estamos en condiciones complejas de ventilación, entonces deberíamos estar a la altura de esas circunstancias y ser más exigentes con los estándares ambientales, su fiscalización y las multas por infringirlos.
En lugar de eso, cumplimos bajando el estándar: un día de buena calidad del aire en Santiago sería de emergencia en países más serios. Primer paso: seamos más sinceros y exigentes con las normas.
Segundo, prohibir es más fácil que fiscalizar. La leña, de acuerdo a un estudio reciente, produce el 70 por ciento de la contaminación de MP2,5 en invierno. Esto es suficiente para justificar su prohibición. No es que los pobres usen leña por ser más barata: el 70 por ciento de esa mugre proviene de hogares de altos ingresos. El carbón, por su parte, puede ser reemplazado por gas o electricidad. Las empresas contaminantes, en tanto, deben emplazarse o trasladarse lejos de la capital, en lugares con mejores condiciones de ventilación. Esto dará más oportunidades a la descentralización. Las obras y faenas contaminantes se deben paralizar cada vez que haya alerta ambiental. Las que aumenten la congestión deberían prohibirse a menos que generen soluciones al problema que causarán. El subsidio relativo al diesel, más contaminante que la bencina, debe ser eliminado.
Tercero, se debe privilegiar el transporte público y no contaminante. El Transantiago es deficiente en este ámbito. La bicicleta está casi prohibida por la falta de ciclovías seguras, la contaminación ambiental y la imprudencia de los automovilistas. El uso del automóvil debiera pagar el costo que ocasiona según la vía y la distancia recorrida. Aceptamos el cobro para circular por autopistas concesionadas, ¿por qué no para salvar las vidas de cientos de niños y adultos mayores que mueren por no tomar medidas apropiadas? Los autos y buses eléctricos debiesen estar exentos de cobro y tener beneficios tributarios.
Cuarto, debemos ampliar los medios de fiscalización (por ejemplo, los actuales tags permitirían detectar vehículos circulando con restricción) y elevar las multas para disuadir la infracción por las empresas.
 Pablo González, director del Centro de Sistemas Públicos (CSP).Martes 9 de agosto de 2016