Audios de un niño llorando y pidiendo ayuda en un recinto del Sename ubicado en Providencia han puesto nuevamente en el centro del debate la vulneración de derechos que niños, niñas y adolescentes sufren a diario en nuestro país. En esta columna, publicada por La Tercera, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno, junto al académico de la misma unidad e investigador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios de la Infancia, Camilo Morales, abordan la necesidad de un compromiso político efectivo y permanente para el desarrollo de un sistema integral para la protección de la niñez.Una nueva y grave situación que afecta a un niño en una residencia del Sename ha sido viralizada en redes sociales y ampliamente difundida por medios de prensa. Las condiciones de salud mental de niños y niñas en esta lamentable realidad se une a otras donde la vulneración de derechos se reitera sistemáticamente.
Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Defensoría de la Niñez han puesto recurrentemente de relieve la sistemática situación de vulneración de derechos que afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Se trata de situaciones que comprometen diversos ámbitos de la vida cotidiana de quienes son considerados como sujetos de derecho, pero cuya realidad contradice permanentemente esta condición y que, en cambio, se ven sometidos a violencias de distinto tipo: desprotección, maltrato, represión, ausencia de recursos ofrecidos para salud, educación, entre muchas otras.
Esta situación se vuelve tanto o más preocupante al considerar que las eventuales reformas para implementar un sistema de protección integral de los derechos de la niñez, como es el caso de la Ley de Garantías, siguen pendientes pese a la evidencia que muestra la necesidad de cambios estructurales que incorporen los derechos sociales universales y el desarrollo de políticas de prevención, promoción y participación efectiva en el plano local.
Esta realidad compleja y dolorosa exige, más allá de declaraciones de buenas intenciones o de denuncia, de compromisos políticos efectivos y permanentes, donde el trabajo intersectorial del abordaje institucional se vincule además a enfoques interdisciplinarios innovadores en los ámbitos de las ciencias sociales, la salud, la educación, el derecho, entre otros.
En este contexto, se vuelve imprescindible integrar el quehacer político a la vida social y considerar que procesos fundamentales que se avecinan –el proceso constituyente y las elecciones presidenciales, entre otros- incorporen esta dimensión fundamental de nuestra vida en común, de modo que los y las agentes políticos se vean interpelados y exigidos a tomar una posición acorde a la urgencia que reclaman las permanentes vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes de Chile.
Para que estas situaciones no vuelvan a repetirse es necesario identificar las prácticas institucionales que producen el malestar en niños y niñas, pero también en los trabajadores. Acompañar y formar a los equipos debe ser una práctica permanente. Con todo, sin la implementación de un sistema integral que garantice derechos sociales universales, la protección de la niñez seguirá operando de forma focalizada y aislada.
Estos desafíos ineludibles requieren, como en muchos ámbitos de nuestra vida social, de recursos –económicos, profesionales- que fortalezcan el rol de la política pública en su abordaje efectivo. Es por eso que la situación de las infancias en nuestro país es reveladora de un modelo –que de modelo no tiene nada- donde la precariedad de los servicios públicos – en salud, educación, vivienda, entre otros- obedece a una privatización abusiva, en desmedro de derechos garantizados política y colectivamente. Si la crisis sanitaria ha puesto dramáticamente en evidencia condiciones que han existido por décadas –precariedad, abandono, crisis de los cuidados y falta de seguridad social-, la crisis del sistema de protección de la infancia y sus problemáticas asociadas es una expresión más de la necesidad de transformar la política en favor de la sociedad y del reconocimiento de los y las sujetos de derecho en nuestro país.Roberto Aceituno, decano Facultad de Ciencias Sociales, U. de ChileCamilo Morales, Núcleo Interdisciplinario de Estudios de la Infancia, Facultad de Ciencias Sociales, U. de Chile Lunes 29 de marzo de 2021