Columna de Opinión: ¿Formalizar las malas condiciones laborales?

"Urge reconocer la condición de trabajadores, con todos los derechos y deberes que ello implica" para quienes hoy trabajan en aplicaciones de transporte de pasajeros y repartidores, advierten el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Alejandro Tirachini, junto al ingeniero de la U. de Chile, Andrés Fielbaum, para quienes una modernización laboral "no es bailar al ritmo de los proveedores de tecnología". Se estima que más de cien mil personas trabajan hoy en Chile en aplicaciones de transporte de pasajeros (tipo Uber o Cabify), mientras un número indeterminado lo hacen como repartidores en las bicicletas y motos que han comenzado a multiplicarse por nuestras calles. Regularizar este tipo de trabajos es una urgencia para nuestro país, pero no cualquier formalización es igualmente buena.
El proyecto de reforma laboral del gobierno propone que todos estos trabajadores entreguen boleta de honorarios: si bien esto permitiría al menos contabilizar de manera oficial estos trabajos, esto sería sin reconocer una relación existente entre empleado y empleador, lo que en la práctica significa hacer formales las mismas condiciones laborales de hoy. Vale la pena preguntarse entonces si son estas condiciones las que queremos preservar, y cómo legislar en caso contrario. 
Con esta pregunta en mente, realizamos un estudio basado en una encuesta a conductores de las plataformas de transporte de pasajeros. Los resultados hablan de una amplia variedad de efectos laborales y estrategias de trabajo.
Por un lado, destaca un subgrupo de conductores que se benefician de la aparición de estas plataformas, trabajando algunas horas por semana como complemento a un ingreso que ya tienen de otro trabajo, y conducen un automóvil propio. En general, la libertad de elegir cuándo trabajar destaca como la principal virtud del trabajo de conducción en aplicaciones.
Por otro lado, hay varios hallazgos que son preocupantes: jornadas laborales muy largas (un 30 por ciento de los conductores trabajan más de 50 horas semanales, y un 20 por ciento conduce más de 12 horas diarias) con impacto en su calidad de vida y en el riesgo de siniestros viales. Además, encontramos una alta frecuencia de situaciones de riesgo para conductores, como amenazas o asaltos, sin garantías de seguridad para cuando éstas ocurran.
La falta de información sobre los reales costos de este trabajo es otro problema importante, pues los conductores reciben información de la cantidad de dinero que ellos y la plataforma reciben después de cada jornada de trabajo, y pueden calcular gastos en combustible y peajes, pero en general no pueden estimar a ciencia cierta otros costos como las pérdidas por la depreciación extra del vehículo y costos extraordinarios de mantenimiento. Por lo tanto, en general los conductores solo hacen estimaciones parciales de lo que realmente ganan.
Finalmente, un 20 por ciento de los conductores en nuestra muestra conduce autos arrendados, mediante un mercado irregular en que los vehículos se arriendan por entre $80.000 y $13.000 por semana. 
Perpetuar esta manera de trabajar no parece lo más sensato. Más aún cuando existen antecedentes de conductores que han sido desvinculados arbitrariamente de las plataformas y cambios repentinos en tarifas y comisiones, situaciones a las que es necesario poner término. Desde este punto de vista, urge reconocer la condición de trabajadores, con todos los derechos y deberes que ello implica (opinión que es compartida por más de la mitad de los conductores en la encuesta); pero al hacerlo, se requiere ajustar nuestra legislación laboral para permitir que las virtudes de este tipo de trabajos, como que los conductores puedan decidir cuándo trabajar o hacerlo para más de una compañía, se mantengan: en síntesis, es asumir que estas plataformas han creado un nuevo tipo de trabajo, que requiere un nuevo tipo de regulación y que tenga como una de sus prioridades enfrentar la precariedad en la que actualmente se desempeñan. Modernizarnos no es bailar al ritmo de los proveedores de tecnología, sino definir cuál es la mejor manera para que estas nuevas tecnologías mejoren nuestra calidad de vida.
Una alternativa es la creación de aplicaciones sin fines de lucro (como el caso de RideAustin en Estados Unidos), en que el sector público y la sociedad civil puedan colaborar, los conductores sean partícipes de la gestión y haya información transparente y completa sobre ingresos y costos. De esta manera saldríamos ganando los usuarios, los conductores y como país daríamos un enorme paso para ser actores y no solamente receptores en la decisión y gestión para incorporar la multitud de nuevas tecnologías en nuestras vidas.Por: Alejandro Tirachini, académico de la Universidad de Chile y Andrés Fielbaum, egresado. Martes 3 de septiembre de 2019