Este martes 9 de abril se cumple un año del anuncio que realizó el Ejecutivo de una serie de medidas que forman parte de su política migratoria, uno de los temas prioritarios en la agenda del gobierno. La reactivación del proyecto de ley del 2013, el proceso de regularización extraordinario y los decretos administrativos que crearon un nuevo sistema de visados son parte de este "paquete", que si bien es definido como la primera política en la materia desde el retorno a la democracia, académicos, investigadores y activistas la han calificado como racista e ineficiente.Como "el momento de poner orden en la casa que compartimos” calificó hace exactamente un año el Presidente Sebastián Piñera el contexto en el cual presentaba al país una serie de medidas destinadas a abordar la migración, uno de los temas prioritarios de la agenda del Ejecutivo.
Cuentas alegres por parte del Ejecutivo y críticas por parte de las organizaciones de migrantes e investigadores son el contrapunto de las evaluaciones a doce meses de que mediante decretos e instructivo presidencial entrara en vigencia un nuevo sistema de visados –que incluye una especial para la comunidad venezolana y otra para la haitiana-, de que se iniciara el proceso de regularización extraordinaria, y de que una indicación sustitutiva reactivara la discusión legislativa del proyecto de Ley de Migraciones ingresado el primer gobierno de Sebastián Piñera, el 2013.
Y no solo eso. A este escenario se suma la negativa del país a suscribir el Pacto Mundial de Migraciones de la ONU, la puesta en marcha de lo que se ha denominado el “Plan de Retorno Humanitario” para la comunidad haitiana y la serie de expulsiones masivas realizadas en el último tiempo, entre otros hechos
Una política
Para contextualizar, “que haya política en materia migratoria es una novedad en la historia de la democracia reciente en Chile porque antes había acciones pero no había consistencia. Hoy efectivamente hay una política”, evaluó el académico e investigador de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, Luis Eduardo Thayer, para quien el problema está en las características de esta política, la que inscribió como “parte de una estrategia de comunicaciones del Ejecutivo”, la cual “ha venido impulsando una agenda de instrumentalización de los migrantes”.
Para el también integrante de dicha cátedra y parte de la organización Movimiento Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, el diagnóstico es similar. “Estamos al debe, porque las medidas comunicacionales y los titulares son muy buenos, pero los resultados son malos”.
Un ejemplo de esto, continuó Thayer, es la Plan de Retorno Humanitario mediante el cual se han despachado a cientos de ciudadanos haitianos de regreso a su país, una medida que “tiene un impacto ínfimo dado que afecta a un 0,1 por ciento de la población migrante del país, pero que se anuncia y se presenta mediáticamente como un hito”.
Si bien este tipo de medidas han sido tomadas por otros países, como advirtió Liliana Galdamez, académica de la Facultad de Derecho e investigadora del proyecto anillo Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación, “en el derecho comparado estas acciones son casi siempre dirigidas a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, a las cuales “se les permite, por ejemplo, llevarse sus cotizaciones de la seguridad social, porque por eso es humanitario, se apoya verdaderamente a las personas”. La restricción de retorno, agregó la académica, es en promedio de 2 o 3 años, por lo cual con los parámetros con los que se ha aplicado en este caso, de 9 años, “es como un castigo haber estado en Chile”.
A esto se suma otro aspecto también relacionada con lo comunicacional: administrar la adhesión ciudadana a través del miedo, como analizó Thayer. Para el experto hoy “los migrantes son los depositarios y los responsables, desde el punto de cómo los presenta el gobierno, de las incertidumbres cotidianas que tienen las personas, como el trabajo, el acceso a la salud, de los salarios, de la seguridad ciudadana”. Así, para él, “de alguna manera se administra la incertidumbre que genera este modelo de desarrollo, ese miedo, orientando el temor hacia los migrantes”.
Las cifras
Si bien como recientemente declaró a la prensa el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, “disminuyó considerablemente la irregularidad”, una de las críticas a la política del gobierno tiene que ver justamente con la “asimetría en la lectura de la información que impide que podamos tener evaluaciones consistentes”, como planteó Thayer.
Un ejemplo de ello es la proyección del alcance del proceso de regularización extraordinario, el que a la hora de los anuncios apuntaba a inscribir a 300 mil personas. Finalmente, como detalló Thayer, “se inscribieron sólo 150 mil y aun así el gobierno dijo que se habían inscrito más porque contaron a aquellos que estaban tramitando su documentación, entonces han manejado las cifras”.
Como prosiguió el también participante del proyecto anillo, gran parte de los inscritos “son personas que no requerían un proceso extraordinario, porque estaban en trámite pero a punto de perderse el periodo de vigencia de sus visas”. Todas esas personas, siguió Thayer, “tenían mecanismos formales y legales para acceder a la documentación. Sólo los que accedieron por accesos no habilitados requerían un proceso de regularización, entonces se sobrecargó el sistema en una duplicidad de trámites que hizo que el proceso no sólo mas engorroso sino que más lento”.
Para Eduardo Cardoza no se ha alcanzado el orden prometido sino que por el contrario “lo que hay es lo que vemos concretamente: 16 mil personas en una lista de espera, lo cual implica que hay personas que ya están con fechas vencidas para realizar trámites”. Así, enfatizó, “si esto se hacía para regularizar, evidentemente el objetivo no se ha cumplido”.
Con la creación de un sistema de hora vía web para la realización de trámites, remató Thayer, “sacaron las filas en las calles, pero las hicieron más lentas y más largas: las hicieron más invisibles”.
“Decretazo” y una ley en discusión
Otra de las líneas de esta política ha sido la toma de decisiones en la materia vía administrativa, lo que algunos sectores han llamado como “decretazos”. Para Liliana Galdamez esto es preocupante “porque con estas decisiones que devienen del Ejecutivo se ha propiciado una política que discrimina, que distingue, que es racista, porque está dirigida sólo a determinados colectivos”, como es el caso de la población haitiana. Esto, además, como puntualizó la académica de la Facultad de Derecho, se da en un contexto de inconstitucionalidad dado que la actual carta fundamental “no distingue entre chilenos y extranjeros”.
Vía decreto, agregó Cardoza, “la política ha demostrado ser absolutamente ineficiente”. Un ejemplo es que si bien se creó una visa dedicada a la comunidad venezolana, “el 80 por ciento de los que llegaron a Chile lo hicieron por la vía de turista”. El mismo caso, siguió, es la visa para la comunidad haitiana, “que para nosotros no tiene otra sentido que no sea un racismo institucional”. Ante esto, para el integrante del MAM y también del anillo de investigación, “si Chile promoviera un sistema de visado que contemple la realidad de los flujos migratorios, no habría problemas”.
Este es justamente uno de los temas más cuestionados de la ley que hoy se encuentra en el Senado. Para Thayer no permitir el cambio de la condición migratoria en el país mediante un sistema de visado moderno promueve que “una condición administrativa se convierta en una condición social”. Esto, sumado a la idea de aplazar los tiempos para avanzar en las categorías del sistema migratorio, nos lleva a un punto ya planteado: “al ampliar la condición de migrante, de transitoriedad, se da incentivo para que las personas no puedan permanecer en situación regular en el país”, dado la ya mencionada poca respuesta y agilidad del sistema abocado a estos procesos. Un círculo vicioso. 
Es por este y otros puntos que, según Liliana Galdamez, “el proyecto de ley, en general, tiende a precarizar la vida de las personas extranjeras que están viviendo en nuestro país”.
Otra de las preocupaciones de la investigadora es que si “ley tiene un objetivo inicial que junto con la idea de ordenar la casa se reconociera un catálogo de derechos para las personas extranjeras que viven en Chile”, lo primero que llama la atención es que de las “más de 170 normas del proyecto de ley, solo 9 se refieren a derechos y obligaciones”.
Para la experta este síntoma se suma a determinaciones como la no suscripción de Chile del Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU. Éste, explicó, “no tenía por objeto imponerle al gobierno medidas sino que poder generar políticas asociativas entre los Estados para generar redes de solidaridad, lo que implicaba algunas obligaciones respecto de los países de origen de las personas que están migrando y otro tipo de cooperación”. Es decir, “todo el pacto está inscrito en la solidaridad, la responsabilidad compartida y el principio de humanidad”, por lo cual “es grave que Chile se haya restado de esto”.Texto: Francisca Palma Martes 9 de abril de 2019