Tras la entrada en vigencia de la "Ley de Inclusión Laboral" miles de personas han obtenido la oportunidad de entrar al mundo del trabajo. Sin embargo, su incorporación trae aparejado una serie de cambios que no sólo atañen al espacio físico, sino que también en la cultura de las organizaciones, incluyendo a directivos, empleados y a los mismos empleados con discapacidad. Sobre este desafío -del que la U. de Chile también es parte- se refirieron las académicas Sandra Mella, de la Facultad de Medicina, y Caterine Galaz, de la Facultad de Ciencias Sociales.El pasado 1 de abril comenzó a regir la Ley 21.015, más conocida como "Ley de Inclusión Laboral", normativa que busca "igualar la cancha" para que personas en situación de discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral sin enfrentar la discriminación, estableciendo una cuota mínima de un uno por ciento de trabajadores para toda empresa con más de 100 trabajadores.
En estos tres meses de ejercicio, más de 570 empresas de todo el país han decidido incorporar a casi 2700 trabajadores con algún grado de discapacidad ante la Dirección del Trabajo, lo que si bien es reconocido como un avance, aún está lejos de asegurar la inclusión de este grupo de personas.
Así lo explicó la académica de la carrera de Terapia Ocupacional, Sandra Mella, quien aseguró que sin una cultura acorde dentro de las empresas es difícil que se pueda generar una inclusión efectiva y de calidad en los lugares de trabajo.
"Estamos hablando de cambios que deben abarcar desde los trabajadores que desarrollarán sus labores junto a ellos, hasta los directivos de las empresas, pero también las personas en situación de discapacidad tendrán que aprender a estar insertos en una dinámica laboral. Es por eso que un cambio cultural es esencial, con una estrategia marco que vaya más allá de simples inducciones o cursos de algunas horas", aseguró Mella.
La profesora Mella hizo hincapié además en que es necesario buscar mecanismos que permitan sortear ciertas falencias en los equipos de Recursos Humanos de las empresas, ya que muchas veces "no tienen la preparación en selección de personal para personas con discapacidad, en términos de su formación profesional, y muchas veces además se enfocan en la selección de puestos directivos y no en trabajos menos calificados o no calificados, que son a los que apuntarán la mayoría de estos nuevos trabajadores". 
Otra arista que hay que observar, alertó la académica, es que si bien se habla de hasta 30 mil cupos que se abrirían en el marco de esta ley "también tenemos el peligro de que las empresas obliguen a algunos de sus trabajadores a sacar el carnet de discapacidad para llenar la cuota".
De todas maneras, la académica valoró la nueva ley como un avance importante respecto a la situación previamente existente, ya que ha generado incentivos no sólo para asegurar cuotas mínimas, sino que también para que grandes empresas como Wal-Mart decidieran superar su cuota para contratar más trabajadores de los estipulados en la normativa.
En esta misma línea la académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Caterine Galaz, destacó que la Ley 21.015 es una herramienta para combatir a nivel social un imaginario simbólico sobre las personas en situación de discapacidad que las pone en desventaja a la hora de buscar trabajo, incluso si cuentan con un título universitario.
Junto con ello, la profesora Galaz hizo hincapié en la importancia de pensar una nueva cultura organizacional de acuerdo al perfil del trabajador que se incorporará a la empresa o institución.
"Si estamos hablando de personas con una discapacidad física hay que repensar todos los espacios para que sean realmente accesibles: rampas, ascensores, pasillos, baños, sin separarlos del resto de los trabajadores, mientras que si la discapacidad es auditiva o visual los cambios también serían contextuales, para que puedan desarrollar sus funciones en igualdad de condiciones", remarcó.
Otra arista importante es realizar un proceso de sensibilización entre los mismos trabajadores de la empresa, y de los clientes en caso de que las tareas incluyan atención de público, de manera de "evitar burlas o acoso, así como la discriminación por parte de terceros externos a la compañía, contando con protocolos de actuación que garanticen una inclusión efectiva", explicó Galaz.
Inclusión en la U. de Chile
Una de las instituciones que debe cumplir la nueva Ley de Inclusión Laboral es la Universidad de Chile, que con sus más de 14 mil funcionarios, debe contar con aproximadamente 140 personas en situación de discapacidad reconocidas entre sus empleados.
Para cumplir con la normativa la Dirección de Recursos Humanos se encuentra desarrollando una serie de iniciativas, que van desde instancias de diálogo y reflexión respecto de cómo realizar el proceso de inclusión laboral, el desarrollo de una campaña comunicacional transversal de información, la realización de talleres de concientización, hasta el apoyo en la obtención de credencial para quiénes hoy trabajen el plantel, presenten alguna situación de discapacidad y deseen obtenerla.
Mariela Moreno de la Dirección de Recursos Humanos, explicó que el primer paso que realizaron fue entrevistar a diferentes autoridades universitarias para conocer su visión sobre el tema y cómo observan el proceso, lo que se tradujo en la generación de una mirada común sobre la inclusión laboral con un enfoque en derechos.
“A partir de esta definición hemos comenzado a trabajar con comunicaciones respecto a cómo utilizar un lenguaje inclusivo, que respalde el desarrollo de una cultura organizacional que facilite el acceso y participación de estos trabajadores. Esta ha sido una reflexión donde hemos contado con el valioso apoyo de la Oficina de Equidad e Inclusión y su experiencia en el mundo académico y estudiantil”, destacó Moreno.
La meta para este 2018 es contar con un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la Universidad, para lo que se está desarrollando una campaña comunicacional que permita informar a la comunidad sobre la importancia de la inclusión laboral. También se realizará una encuesta transversal a través de la cual se espera identificar y resolver dudas respecto de la discapacidad, llegando a apoyar a las personas que lo deseen en la obtención de sus credenciales y sean incluidos en el registro correspondiente.
Moreno relató además que junto a los equipos de Recursos Humanos de las distintas unidades se está buscando identificar las áreas donde existan oportunidades para realizar esta inclusión laboral. En este punto lo que se busca es contar con un primer mapeo de los puestos disponibles para ser parte del programa de inclusión en la Institución.
“Tenemos que tomar conciencia que las personas en situación de discapacidad han sido marginadas o invisibilizadas, por lo que esta ley nos ofrece una oportunidad para resolver este problema y comenzar a respetar sus derechos e integrarlos al mundo laboral, donde más que centrar la mirada en las diferencias, podemos aprender a reconocer que compartimos muchas similitudes, partiendo por el hecho de ser personas”, finalizó.Texto: Felipe Ramírez Prensa-UChileJueves 5 de julio de 2018