Hace algunas semanas, la Universidad de Chile publicó los resultados del proceso de diálogo desarrollado a partir de la Propuesta de Acuerdo Social (PAS), trabajo que abordó nueve grandes ejes temáticos, entre ellos educación. En UChile Constituyente detallamos las principales conclusiones de esta instancia junto al coordinador de la Mesa Educación y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Eduardo Miranda.El debate constitucional es una oportunidad de recomponer y rearticular el tejido social e institucional en torno a la educación y sus sentidos. Este es uno de los principios y ejes principales a los que llegó la Mesa de Educación de la Propuesta de Acuerdo Social (PAS), instancia de diálogo y debate impulsada por la Universidad de Chile durante el 2020. El espacio analizó los principales contenidos sobre esta materia que podrían abordarse en la nueva Constitución que ahora se comenzará a escribir. Sus conclusiones son parte del documento “100 propuestas Para el País que Queremos”, lanzado recientemente por la Universidad de Chile”, y que contempló la generación de propuestas sobre 9 grandes temáticas que deberían estar presentes en la futura Carta Magna.
El capítulo sobre educación abordó contenidos generales, pero también propuestas concretas para los distintos niveles: educación parvularia, secundaria, técnica y universitaria. En esa línea, por ejemplo, para el primer nivel se plantea aumentar la cobertura en la educación parvularia, potenciando los programas de educación no formal: televisión y radio educativa, visitas educativas a las familias en localidades aisladas. Mientras que para la educación media, se propone desarrollar una política de convivencia escolar que apunte a incorporar la cultura juvenil y que permita la participación e interacción de los jóvenes en el proceso educativo. En tanto, que para el sistema de educación superior se ve como necesario generar vías complementarias de admisión y selección como cartas de motivación, antecedentes de vida en comunidad educativa, o cartas de recomendación.
El trabajo de la mesa contempló una serie de reuniones semanales con diferentes expertos en la materia, que después eran abordadas por un plenario. El coordinador de la instancia, el académico Eduardo Miranda, explica la forma como se pudo llegar a los grandes acuerdos expuestos en el texto final:
“Esta dinámica de diálogo y exposición de puntos de vista, que se dio en un clima de mucho respecto y genuina consideración por la opinión del otro, permitió no solo acercar posiciones (algunas muy distantes), sino que también converger en nuevas posturas, que eran más que la mera media aritmética de las posturas individuales. Por ejemplo, no tod@s los miembros de la mesa iniciaron el debate preguntándose si era necesario reflexionar sobre la definición misma de qué entendemos por educación y qué esperamos, como fin último, de la educación. El debate en torno a esta cuestión fue enriquecedor pues nos obligó a pensar temas profundos respecto a la sociedad, los derechos, la comunidad y el desarrollo”, afirma.
Cambio de paradigma
“Desde 1980, Chile ha atravesado un proceso profundo de reformas y contrarreformas que han repercutido en muchos ámbitos, entre ellos la educación. La consagración de la libertad de educación en la Constitución Política, la promulgación del Decreto con Fuerza de Ley 1-3036 que establecía la municipalización, el Decreto Ley 3476 que fijaba el voucher como mecanismo de financiamiento (todos de 1980), la creación del financiamiento compartido, el propio Simce (ambos en 1988) y la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) en 1990, sentaron las bases de la nueva manera de entender la educación en Chile, dirigida por la competencia, el rol subsidiario del Estado y el progresivo ingreso desregulado de actores privados al sistema”. Bajo ese diagnóstico del estado actual del sistema educativo chileno, parte el análisis sobre cuál debiese ser el giro hacia un nuevo modelo educativo que cambie los paradigmas construidos hace 40 años.
En esa línea, dentro de las conclusiones, se plantean tres principios orientadores que debiesen estar presentes en la discusión pública para la efectiva concreción de la educación como un derecho:
- Derecho al acceso
- Derecho al aprendizaje (en todas sus dimensiones)
- Derecho a la no discriminación
Sobre estos principios, Eduardo Miranda explica que la educación debe ser puesta como un valor superior dentro de la sociedad, y ese debe ser un punto de partida en la discusión:
“Buena parte de las propuestas en materia de educación no responden, necesariamente, al detalle de una discusión constitucional. No obstante, la materialización de muchas de estas, sino todas, requiere de un paradigma constitucional distinto al actual, al menos en materia de educación. A saber, el de reconocer que la educación es un valor superior de la sociedad y, por lo tanto, el acceso justo y oportuno a dicho valor debe ser consagrado como un derecho social. Esta naturaleza de la educación como derecho se fundamenta en que la contribución de la educación al desarrollo y progreso individual y colectivo no solo responde a la acumulación y adquisición de conocimientos y habilidades que se ponen a disposición del individuo y la sociedad, sino al rol articulador, facilitador y promotor que tiene la educación respecto a otros derechos humanos y sociales”.
El académico agrega, además, que esta discusión debe dirigirse a cambiar las lógicas de mercado que rigen el actual sistema educativo chileno. “Reconocer este ethos en la educación es también reconocer el proceso educativo, y las comunidades educativas, como un espacio de encuentro de la sociedad, y que ese encuentro, en sí mismo, sea uno de los valores del proceso educativo. En consecuencia, y para que esto sea posible, deberían desestimarse buena parte de las lógicas de mercado que hoy forman parte de la discusión, práctica y regulación de la educación (calidad, lucro, meritocracia, acreditación, etc.), pues pareciera ser que estas lógicas, en vez de contribuir a hacer de la educación un espacio de encuentro y construcción colectiva, han reducido algunas de sus dimensiones a cuestiones meramente transaccionales, desnaturalizando el rol de la educación”, puntualiza.
La educación será un tema que prontamente comenzará a ser tratado en detalle por las y los 155 constituyentes que trabajan en la redacción del nuevo texto constitucional y el documento de PAS busca contribuir con algunos principios generales que debiesen estar presente en el debate; como también algunas propuestas concretas en torno a temas específicos que van más allá de lo que pueda quedar establecido en la Constitución.Víctor Hugo Moreno Soza, UChile Constituyente Miércoles 4 de agosto de 2021