Surgida de la sociedad civil hace más de una década, esta iniciativa busca ser un marco de trabajo que comprometa al Estado en una serie de medidas que permitan fortalecer la lectura entre 2015 y 2020. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), se desarrollaron dos actividades para abrir la discusión sobre su implementación, sus aportes y los aspectos a mejorar, organizadas por el Observatorio del Libro y la Lectura.La participación ciudadana, la dispersión de esfuerzos debido a las numerosas instituciones involucradas y la falta de incidencia del Consejo Nacional del Libro y la Lectura fueron algunos de los elementos que surgieron del debate en las dos mesas de discusión que abordaron la Política Nacional del Libro y la Lectura en la FILSA 2016.
Esta política, que fuera impulsada por un conjunto de instancias de la sociedad civil para ser posteriormente incorporada al Programa de la candidatura de Michelle Bachelet, tiene la participación ciudadana uno de sus pilares fundamentales.
Así lo destacó Soledad Camponovo, coordinadora de la Política Nacional de la Lectura y el Libro, quien destacó la existencia de ocho comisiones de trabajo, comités interministeriales y mesas técnicas, que totalizan 180 personas provenientes de organismos civiles y del Estado trabajando en su implementación. “Esta participación se ha ido fortaleciendo con el tiempo, encontrándose a la gente más adecuada para cada comisión de manera de que participen quienes manejan más los temas. Esto ha permitido especificar la participación ciudadana y la ha fortalecido”, aseguró Camponovo.
En la misma línea Paulo Slachevsky, presidente de la asociación gremial Editores de Chile y miembro del Observatorio del Libro y la Lectura, aseguró que esta participación ciudadana es uno de los grandes sellos de esta política, pero planteó a la vez que existen una serie de desafíos asociados a esa participación. Así, destacó que cuesta ampliar la base de participación de quienes provienen de la sociedad civil. “Muchas veces nos repetimos los mismos, felizmente somos más que hace un par de años pero somos pocos. Esto requiere una acción sostenida en el tiempo y persistencia, y a veces somos responsables de no lograr que las cosas sigan avanzando”, afirmó.
Otra temática que destacó Slachevsky fue que esta política rompe con las formas tradicionales de funcionamiento de las instituciones públicas en este ambiente, obligándolas a actuar juntas, lo que ha demostrado ser un desafío para la implementación de la Política. Junto con ello llamó la atención sobre la distribución de los recursos a la hora de la compra pública de libros.
“En Chile a diferencia de otros países no faltan recursos para la adquisición de libros, sino que el problema radica en cómo se invierte ese dinero, qué criterios se utilizan. Al final más del 90 por ciento de los recursos van a libros de afuera o que son producidos por grupos extranjeros, siendo marginal lo que va a la edición local, que es la que puede articular un circuito de producción intelectual nacional”, alertó.
¿Cómo repensar la adquisición de textos por parte del Estado?
Si bien las mesas de trabajo de la Política Nacional de la Lectura y el Libro han funcionado con diversos grados de éxito, una de las instancias que ha presentado mayores dificultades ha sido la mesa de Compras Públicas, la que busca mejorar los procesos de adquisición de libros por parte del Estado. Uno de los principales problemas ha sido la ausencia del Ministerio de Educación durante los últimos meses en las reuniones, lo que ha impedido el desarrollo del diálogo entre los actores involucrados.
Precisamente por estas razones es que se dedicó una mesa de conversación especial para este tema, la que contó con la participación de editores independientes y representantes del Mineduc. En la ocasión Juan Carlos Sáez, miembro del Observatorio del Libro y la Lectura, lamentó la situación actual y aseguró que las consecuencias negativas son numerosas.
“La desaparición de la edición nacional de textos escolares, la concentración de este proceso en pocos jugadores, y lo peor, la existencia de un solo texto escolar para todos los niños matemáticos o dos o tres enseñando con el mismo método, impide identificar si hay un error metodológico porque no hay con qué comparar”, aseguró Sáez. Ante la situación propuso que fueran los liceos a través de sus unidades técnicas pedagógicas quienes elijan los textos escolares, siendo ellos quienes reciban los recursos.
La coordinadora de Recursos Educativos del Ministerio de Educación, Geraldine González, reconoció la existencia de distintos desafíos asociados a esta materia, en particular en la contextualización de los textos a las realidades regionales. “Los mismos profesores nos hablan respecto a que los niños no se sienten identificados con los libros escolares y el Ministerio tiene el desafío de incorporar la contextualización de los textos de mejor forma. Estamos avanzando en libros en lengua indígena por ejemplo, y nos sentimos orgullosos de estos nuevos recursos”, aseguró.
Los participantes de la mesa recordaron que hace años que se ha cuestionado los mecanismos de compras de textos y las licitaciones por parte del Estado, las que han sido acusadas de ser poco transparentes y de favorecer a algunos sectores. Ante esto, González reconoció que existe una autocrítica importante respecto a los resultados que ha dado la inversión realizada en la adquisición de textos y libros para las bibliotecas, ya que no se ha visto reflejada en los índices de comprensión lectora. “Todos los requerimientos que estamos teniendo este año guardan relación con ese diagnóstico, y nuestro foco está en buscar una calidad integral de los aprendizajes”, finalizó.Texto: Felipe Ramirez Fotografías: Felipe Poga Prensa-UchileLunes 7 de noviembre de 2016