La semana pasada se anunció el segundo decreto de esta normativa que busca redefinir el enfoque de la gestión de residuos en Chile con metas progresivas hacia el año 2030. A partir de esta Ley, las industrias y productores deberán hacerse cargo de recolectar y reciclar los materiales que vengan asociados a sus bienes de consumo, medida que busca abordar el problema de los más de 2 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes que se generan actualmente en Chile, de los cuales solo un 27 por ciento se reciclan. El primero de junio del 2016 se publicó la Ley 20.920, denominada “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP). Esta normativa busca incorporar instrumentos económicos que generen mecanismos que permitan aumentar el reciclaje de residuos que hoy van a los rellenos sanitarios o en vertederos. Sin embargo, a partir de este año comenzaremos a ver los efectos de ella.
¿Qué quiere decir esto? Mediante decretos supremos, la ley establecerá metas anuales de recolección y reciclaje que deben implementar las industrias y productores de los denominados “seis productos prioritarios”. Estos son los neumáticos; pilas; aceites lubricantes; artículos eléctricos y electrodomésticos; baterías; y envases y embalajes.
Hace unos meses comenzó a regir el primer decreto, que contempla a los neumáticos, y la semana pasada se publicó el de envases y embalajes. En Chile, se generan anualmente más de 2 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes, los que se dividen en cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio. De esta cantidad, solo un 27 por ciento se recicla y el resto llega al relleno sanitario.
La Ley REP busca que los productores se hagan responsables de reciclar los materiales que acompañan a los bienes de consumo. Hasta antes de esta normativa, el reciclaje consistía en un proceso voluntario, pero ahora pasa a ser obligatorio. Los productores e importadores van a tener que financiar y organizar los sistemas de gestión, es decir, van a tener que financiar un sistema logístico de transporte y recogida de envases y embalajes a la puerta de los hogares, instalar puntos limpios y fomentar el reciclaje.
Sin embargo, esta ley también conlleva desafíos. La abogada del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, Valentina Durán, explicó que se deben implementar sistemas “tecnológicos e industriales para que podamos ser capaces, no solo de recolectar, sino de reciclar estos residuos con industria nacional. Lo peor que nos puede pasar es que nos convirtamos en un país exportador de residuos”.
Metas a largo plazo
La implementación de estas medidas será de manera gradual a través de los años. Para el caso de los neumáticos, a partir del 2023 se reciclará un 25 por ciento y se recolectará un 50, para llegar a un 90 por ciento en 2030. En los envases y embalajes domiciliarios, el plástico comenzará con un tres por ciento de valorización, para llegar a un 45 por ciento a partir del año número 12. El papel y cartón partirá con un 5 por ciento y terminará en un 70. El metal, en tanto, comenzará con un 6 por ciento y finalizará con un 55, mientras que el vidrio tendrá una partida de 11 por ciento para cerrar con un 65 el duodécimo año.
El ingeniero en gestión de residuos de la Oficina de Ingeniería para la sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Pablo Garrido, celebra el decreto, pero agrega que estos plazos no son lo suficientemente veloces. “Estamos sumidos en una crisis ambiental tremenda. Me parece demasiado lento y entiendo que los productores e importadores tienen que financiar este sistema súper complejo, descentralizado y un montón de desafíos, pero siento que para los tiempos que estamos operando hoy en día, son poco ambiciosos”. Asimismo, agregó que “el reciclaje es un piso mínimo y si uno quisiera tener un real impacto sobre el medioambiente a nivel más macro, esto es de donde uno tiene que partir y tiene que tener más altura de miras”.
Costos para los consumidores
Se estima que esta nueva normativa afectará a más de 14 mil empresas. Sin embargo, no afectará a las PYMES que produzcan menos de 300 kg. de residuos al año. El financiamiento de los sistemas de gestión que tienen que hacer los productores e importadores proviene de una manera proporcional a la cantidad de residuos que ellos están introduciendo al mercado.
De acuerdo a la profesora Duran, la implementación de estos sistemas de gestión se verá reflejada en los precios. “Existe un principio en derecho ambiental que es el principio contaminador pagador, que dice que el que produce un bien o un servicio es quien tiene que internalizar los costos de la prevención de la contaminación. Entonces, en ese sentido, esto se transforma en una carga para los productores y es evidente que los precios para el consumidor se eleven en un porcentaje”.
Sin embargo, para el profesor Garrido, “todos estos conceptos de reducción de peso, facilidad a la hora de reciclar e innovación material, se traduce en un concepto que se llama ecodiseño. Eso también está incluido en un artículo de la Ley REP. Lo que uno esperaría es que empiece a haber mayor innovación en términos de envases y embalajes y, por ende, una disminución en el precio. Menor cantidad de material se traduce en un menor precio”.
Ambos especialistas, eso sí, coinciden en que estas medidas lograrán que se generen menos residuos destinados a los rellenos sanitarios y disminuirá la contaminación ambiental. En paralelo a estos decretos, en el Congreso aún está decidiendo qué hacer con los plásticos de un solo uso.Arturo Baeza. Prensa UChileMiércoles 24 de marzo de 2021
