El vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Enrique Manzur, se refiere en esta columna -que fue publicada en el Diario Financiero- a las cifras del estudio de la Fundación Elige Educar relativas a la entrega de fondos públicos a las instituciones de Educación Superior, y aclara que el aporte a las universidades estatales subió en realidad un 23 y no el 44 por ciento publicado por un artículo de El Mercurio. Este es el nombre de un reciente estudio de la Fundación Acción Educar (AE) que el domingo pasado fue reproducido por El Mercurio bajo el título “Aportes a Ues estatales han aumentado 44 por ciento en cuatro años”. Lamentablemente el estudio presentaba un grave error en las cifras el cual, si bien ya ha sido reconocido por la Fundación, no ha tenido la difusión e impacto que tuvo la noticia original.
El estudio se basa en los informes de la Contraloría General de la República (CGR) sobre Financiamiento Fiscal a la Educación Superior de los años 2011 al 2014 y se concentra en los aportes a las instituciones, es decir no considera los aportes fiscales a los estudiantes, que representan más del 70 por ciento de los recursos que entrega el Estado a la Educación Superior. Al analizar las cifras de la CGR se observa que el aporte a las 16 universidades estatales subió en realidad un 23 y no el 44 por ciento publicado, alcanzando $216.000 millones.
En comparación, los aportes a las 9 universidades privadas del CRUCH (así las denomina la Contraloría), aumentaron un 33 por ciento, llegando a $156.000 millones. Si se considera la cantidad de alumnos de pregrado matriculados en cada grupo, se obtiene que el aporte fiscal por estudiante es de $1.273.000 para las universidades estatales y de $1.187.000 para el G9, es decir una diferencia de solo $86 mil por alumno en favor de las primeras. Sin embargo si consideramos, como plantea la CGR, que el financiamiento fiscal se canaliza tanto a instituciones (subsidio a la oferta) como a estudiantes (subsidio a la demanda) de la Educación Superior, la situación se invierte. De esta manera, las universidades estatales reciben $456.000 millones que equivalen a $2.691.000 por estudiante y las del G9 reciben $367.000 millones que equivalen a $2.790.000, es decir una diferencia de casi $100 mil en favor de las universidades privadas del CRUCH. Estas cifran dejan de manifiesto que en ningún caso los planteles del Estado han tenido un trato preferente como sugiere el estudio. Por el contrario, resulta difícil imaginar otro país en que el Estado le entregue más recursos a universidades privadas que a sus propias instituciones.
Adicionalmente, los niveles de control y transparencia asociados al uso de estos recursos son casi inexistentes para las instituciones privadas y casi asfixiantes para las estatales. Una muestra de esto, es que solo las universidades del Estado están obligadas a cumplir la Ley de Transparencia: ¿Desea saber el sueldo del rector Vivaldi?, fácil, en el sitio web de la Universidad de Chile encontrará su liquidación de sueldo, así como la remuneración de todos los demás funcionarios. Más importante aún, las estatales están bajo la supervisión de la CGR, la que no sólo realiza auditorías periódicas sino que también debe registrar y aprobar, cuando corresponda, los convenios, contratos y bases de licitación.
Por último, también las universidades estatales deben cumplir la Ley de Compras Públicas que regula la adquisición de bienes y servicios, acotando los mecanismos y proveedores a los términos que establece dicha Ley.
En síntesis, se puede concluir que las universidades estatales no han tenido un trato preferente por parte del Estado ya que tienen todas las obligaciones derivadas de ser públicas pero no los beneficios.Vicerrector Enrique Manzur.Viernes 13 de mayo de 2016