Las bajas pensiones que reciben muchos chilenos luego de una vida de trabajo es una problemática que durante los últimos años se ha tomado la agenda mediática, con masivas movilizaciones exigiendo cambios al actual sistema de capitalización individual. Ante la situación, el Presidente Sebastián Piñera presentó por cadena nacional una propuesta de reforma que incluye, entre otras materias, un 4 por ciento de cotización adicional con cargo a los empleadores, y aportes adicionales a mujeres, clase media y esfuerzo, entre otras. El académico de la Facultad de Economía y Negocios, Guillermo Larraín, entrega su visión al respecto.La promesa de un aumento en un 40 por ciento de las pensiones de quienes coticen durante toda su vida laboral es uno de los aspectos más atractivos de la reforma anunciada por el Presidente Sebastián Piñera el pasado 28 de octubre, en un país donde la gran mayoría de los jubilados no recibe más de 200 mil pesos mensuales, y donde al menos 400 mil personas deben sobrevivir sólo con los 86 mil pesos de la Pensión Solidaria.
Sin embargo, la propuesta ha generado distintas reacciones, que varían desde el reconocimiento de Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que la catalogó como un avance al hacerse cargo de desafíos importantes del país; hasta los cuestionamientos de Luis Mesina, de la Coordinadora de Trabajadores No+AFP, quien se preguntó por qué no se contempla la posibilidad de otro sistema.
En este escenario, conversamos con el profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Guillermo Larraín, quien fue superintendente de las AFP entre 2003 y 2006, sobre distintos aspectos de la propuesta.
El anuncio presidencial establece que nuevos actores podrán administrar este nuevo aporte pero las AFP se mantienen manejando con exclusividad el 10 por ciento anterior. ¿Por qué esa diferencia?
Intuyo que están tratando de generar mayor diversificación de administradores de fondos y por lo tanto lo que tienen que hacer es generar condiciones para que haya algunas empresas que solo gestionen ahorro y no tengan toda la carga de administración de cuentas y registros, que es la parte más pesada de las AFP, entonces están diciendo que cada persona tendrá una AFP pero podrán pedir que este 4 por ciento adicional lo administre un tercero que no tendrá que recolectar gente ni hacer un contrato de administración de cuentas, sino que solo tendrá que administrar las platas.
Creo que esto es súper optimista, no veo muy bien por qué un ciudadano medio que tiene su plata con la AFP "X", va a decir "este 4 por ciento adicional quiero que me lo maneje una administradora de fondos o un banco de inversión". Algunas lo harán pero ese no es el problema de los chilenos.
¿Por qué ninguno de estos nuevos actores será estatal, como se planteaba en la propuesta del gobierno anterior?
Lo que pasa es que el actor estatal antes no era un competidor financiero necesariamente, era alguien que administraba de manera distinta unos dineros porque era un sistema que tenía un componente de solidaridad más fuerte y por lo tanto lo administraba con una lógica distinta, con una institucionalidad propia, pero los que iban a estar comprando y vendiendo instrumentos financieros podían ser perfectamente en esa lógica entidades privadas. De cara al ciudadano podía ser una empresa pública pero finalmente los que iban a estar en el mercado financiero podían ser perfectamente empresas privadas en el modelo antiguo.
Acá se dice que no, que son solo privados. A mí me parece bien que no esté el Estado administrando fondos previsionales porque tiene demasiados conflictos de interés para estar haciéndolo. Es mejor que lo haga un tercero, pero creo que acá son demasiado optimistas con respecto a la capacidad de aparición de estos otros actores privados.
Entre otros anuncios hay aportes adicionales para la clase media, ¿esto puede apuntar a mejorar las pensiones más desfavorecidas?
El grave problema que tiene esto es que el 4 por ciento va a solucionar el problema de pensiones en 25 o 30 años, no antes, entonces lo que tenemos hoy día y en los próximos 15 años, que es que las pensiones son muy bajas porque se está retirando gente que estuvo con altos niveles de desempleo, salarios muy bajos y alta informalidad en los '80, se va a mantener porque esta reforma no se hace cargo de ello. A lo mejor va a contribuir, si las rentabilidades son buenas, en 30 años más, pero en ese momento mucha gente ya no va a estar.
¿Qué pasa con los trabajadores autoempleados, independientes, que no son asalariados, si el aporte adicional es del empleador?
Hay una obligación de cotización a los trabajadores independientes que tendría que estar en operación hace tiempo, se ha postergado y este gobierno anunció que lo efectuará, pero esa cotización obligatoria es sobre el 10 por ciento, no hay en el proyecto como lo vi aunque puede cambiar en el articulado, una referencia de si los independientes van a tener que pagar 14 por ciento en lugar del 10 por ciento. Me imagino que está en el espíritu que se cotice 14 por ciento para todos, y que por lo tanto la cotización de independientes suba pero tiene que agregarse porque no está dicho.
Se dice que quienes coticen durante toda su vida laboral tras esta reforma podrían tener un aumento del 40 por ciento en su pensión ¿es posible hacer esa proyección?
Yo diría que ese es el tipo de calculo que se puede hacer en una hoja Excel y te va a dar, podría ser incluso un poco más, el problema es que desde el Excel a la realidad hay una distancia.
Tenemos una economía que tiene un sector a cuenta propia muy grande, hay niveles de informalidad grande todavía, hay mucha sub-declaración de ingresos de los trabajadores, hay todavía una cantidad significativa de empleadores que no pagaban las cotizaciones entonces el problema es que los supuestos para llegar a ese 40 por ciento son súper exigentes: tiene que ser un empleo de por vida, formal, pagando cotizaciones entonces creo que no le hace bien al debate que uno mezcle lo que sale de un cálculo rápido con los datos de una realidad que ha probado ser bastante más dura.
Por último hay gente que ha destacado como un avance este por ciento pero se hacía notar que en Chile el aporte del trabajador es mayoritario, cuando en la mayoría de los países de la OCDE es el empleador el que pone la parte más sustancial.
Ha sido difícil avanzar en ese aspecto porque cuando uno lo piensa en un sentido estrictamente económico lo que es relevante no es quien pague un determinado impuesto, que esa es la parte administrativa, sino que es lo que los economistas denominamos la incidencia del impuesto, es decir cómo afecta al mercado del trabajo, en este caso, un impuesto si lo paga un poco más la demanda (empresas) o la oferta (los trabajadores) y eso va a depender de una cosa muy técnica que son las elasticidades relativas de las dos curvas: demanda y oferta, y cuando uno lo piensa en esos términos da lo mismo si lo paga la empresa o el trabajador.
En la práctica sí hay importancias grandes, primero simbólicamente de quien tiene la relación de contribución más fuerte y llama la atención, y hay una dinámica de ajustes de los mercados laborales que no es tan simple.
Entonces yo diría que hay que ir avanzando hacia un incremento en las cotizaciones salariales que equipare la contribución de los trabajadores y de la empresa. Se está avanzando, ya se hizo con el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y una cosa en la que estamos todos de acuerdo es que la tasa de contribución tiene que seguir subiendo hacia el entorno del 19 por ciento, y lo más probable es que ese 5 por ciento adicional tenga que venir también de parte del empleador.
En un plazo largo creo que la contribución relativa de uno y otro será parecida si no idéntica pero la razón de fondo no la tenemos y es que en su origen hubo una lectura muy economicista del problema.Texto: Felipe Ramírez Prensa-UChileLunes 29 de octubre de 2018