En un contexto mundial marcado por la existencia de voces críticas respecto del accionar de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el integrante de la Comisión Interamericana de DD.HH., Joel Hernández, reafirma en esta entrevista con Prensa U. de Chile la importancia de establecer estándares transversales que aseguren para todos los habitantes de nuestra región el libre disfrute de sus Derechos Humanos, en una tarea donde resulta fundamental tanto el compromiso de los Estados, como de la sociedad civil.La promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano es el objetivo central de la Comisión Interamericana de DD.HH., un organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, fundado el año 1959 en el marco de la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago entre el 12 y el 16 de agosto.
Esta institución, que junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conforma el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos en la región (SIDH), realiza su trabajo en torno a tres pilares: un sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los DD.HH. en los Estados Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias.
En el marco de la celebración de los 60 años del organismo realizada en nuestro país, Joel Hernández, integrante de la CIDH, conversó con Prensa U. de Chile respecto a algunos desafíos que enfrenta América Latina en la materia, como la migración y la desigualdad, sobre el rol fundamental que cumple la sociedad civil organizada en la defensa de los DD.HH, y la responsabilidad que tienen los Estados a la hora de aplicar las conclusiones definidas por la Comisión.
¿Cuál cree que es la relevancia de la institución para la región?
Creo que desde hace 70 años a partir de la fundación de las Naciones Unidas ha quedado de manifiesto que los DD.HH. son consustanciales a todo ser humano y que es una obligación de los Estados velar por su pleno disfrute, y esta no es una tarea que los Estados realizan solos, sino que lo tiene que hacer a través de una mirada universal, a través de mecanismos que puedan complementar sus esfuerzos para dar una plena satisfacción a las demandas que tienen personas sobre violaciones de DD.HH.
La Comisión junto con su institución hermana la Corte Interamericana, son un espejo de los Estados donde pueden mirarse y ver dónde están sus carencias y deficiencias. Creo que eso es lo que hace al sistema una institución internacional imprescindible en el continente.
Durante los últimos tiempos hemos visto cómo se levantan voces que cuestionan la existencia de organismos supranacionales que en su visión se inmiscuyen en la soberanía nacional. ¿Cómo se ve desde la Comisión este tipo de posiciones?
Creo que el SIDH ha sido permanentemente objeto de observaciones y de críticas que se han formulado tanto Estados como usuarios del sistema, organizaciones de la sociedad civil y peticionarios. Desde luego que son instituciones perfectibles, que tienen que estar en permanente proceso de mejoramiento de sus métodos de trabajo. Lo que pasa muy frecuentemente es que hay una falta de entendimiento sobre el origen de estas instituciones y cuál debe ser el rol que tienen que jugar los Estados en el cumplimiento de sus objetivos.
Primero tenemos que observar que son instituciones que han sido creadas por los Estados, de los cuales muchos se han adherido a los instrumentos fundacionales por presión de fuerzas y movimientos sociales que se dan dentro de esos países. y que los obligan a unirse a estos mecanismos, pero todos ellos de libre adhesión, no son mecanismos que son impuestos por la fuerza. Además, son los Estados a través de actos de soberanía quienes han tomado la decisión de ser vinculados a los organismos o convenciones.
La crítica es que hay interferencia en la soberanía de los Estados.
Estamos en Chile celebrando los 60 años de una histórica V Conferencia de Consulta de ministros de RR.EE., que se celebró del 12 al 16 de agosto de 1959, donde hubo varias temáticas que abordaron los representantes y que en esa oportunidad decidieron dos cosas fundamentales: la elaboración de lo que 10 años después sería la Convención Americana de DD.HH. y la creación inmediata de la CIDH. Es un acto de voluntad de los Estados su creación y su adhesión, como también son actos soberanos de los mismos reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana.
También los Estados están muy vigilantes de que los órganos que se crean se ajustan a sus mandatos y creo que ese es un cuidado que tienen y deben tener los organismos de DD.HH., deben ser muy estrictos en la realización de su labor para no excederse del mandato que se les ha otorgado. No basta que un organismo dicte un informe o una sentencia, es necesario asegurar el cumplimiento del Estado ante esas decisiones de los organismos y ahí el análisis tiene que ser muy cuidadoso porque estos órganos tienen que basar sus decisiones en derecho, deben estar debidamente fundamentadas, deben tener un estricto rigor jurídico.
Es importante que los Estados reconozcan que el rol de estos organismos es ir ampliando la esfera de protección de los DD.HH. de las personas. Está consagrado en los instrumentos de DD.HH. una progresividad en la materia y esto no puede ser de otra manera porque el mundo es cambiante y existe una aspiración de toda la humanidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias, donde exista una mayor inclusión de las personas en su participación social, por lo tanto, también hay que ver esta perspectiva mucho más amplia.
Este año 5 países, entre ellos Chile, enviaron una carta formal enfatizando en su autonomía ante los organismos del SIDH, ¿qué impacto tuvo?
Es una carta que la CIDH tomó de manera muy respetuosa, la examinó en su 172 período de sesiones que se desarrolló en Kingston, Jamaica, y la valora en el espíritu de autocrítica que existe en su interior. Nos parece muy importante atender las preocupaciones que tienen los miembros de la OEA. En esta oportunidad son 5 los que presentan sus preocupaciones, pero existen también otros Estados que en el pasado lo han hecho.
¿De qué manera la sociedad civil chilena puede apoyar el trabajo de la CIDH?
Es fundamental el papel de la sociedad civil de todo el continente, son el motor de la Comisión, es ella la que mueve a la Comisión a tomar acciones, la que transmite preocupaciones sobre un país o una situación en particular y muchas organizaciones son también peticionarias. Sería inimaginable la CIDH sin la sociedad civil organizada porque si bien los estatutos permiten que cualquier persona en lo individual presente un caso la experiencia demuestra que cuando son preparados por sociedad civil organizada la Comisión se beneficia mucho de ese respaldo. Son nuestros ojos y oídos para que la Comisión pueda analizar la información que recibe, procesar los casos y verlos desde la óptica de la Convención Americana.
Respecto a los desafíos que enfrenta la región, ¿cree que los Estados puedan implementar políticas eficaces contra la delincuencia y el crimen organizado al mismo tiempo que resguarda los DD.HH.? Porque pareciera haber ahí un dilema.
Ciertamente ese es un falso dilema que está apareciendo en las distintas latitudes de nuestro continente. Existen dos obligaciones fundamentales del Estado: garantizar la seguridad de sus habitantes, y el pleno disfrute de los DD.HH., y a veces ese es un camino muy angosto donde se tiende a caer en un lado o en otro y no es un trabajo fácil de resolver, implica la obligación de atender las causas que están promoviendo la inseguridad en sus sociedades y al mismo tiempo capacitar a sus autoridades encargadas de aplicar la ley, y también construir los mecanismos que sancionen cuando existen violaciones a los DD.HH.
Un factor que debilita la política de los Estados para combatir la delincuencia y el crimen organizado es la corrupción. ¿Tiene la CIDH algún lineamiento para esta materia?
Los actos de corrupción impactan en el disfrute de los DD.HH. y la Comisión está justamente en el proceso de elaboración de un informe sobre esta relación, que incorporará un diagnóstico a nivel americano, pero también contendrá una serie de recomendaciones para Estados, para sociedad civil, de cómo avanzar para el combate a la corrupción.
Esto ha minado la confianza que deben tener los ciudadanos frente a las autoridades, lo que tiene un efecto pernicioso en la democracia: cuando las personas no confían en sus autoridades o cuando la percepción generalizada es que la corrupción predomina, los procesos democráticos pierden credibilidad y eso es muy grave.
La desigualdad es también una problemática transversal en América Latina y que genera condiciones para que muchos DD.HH. sean violados, ¿cómo se relaciona el trabajo de la Comisión con ella?
Es una materia que está en el centro de la atención de la CIDH. América Latina es la región más desigual del mundo y al interior de nuestros países hay una gran brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Esta condición de desigualdad económica y social ha creado marginación de muchas de nuestras sociedades, que en ocasiones se traduce en condiciones de atentado contra la dignidad humana y los DD.HH.
A la Comisión le queda muy claro en su trabajo que hay dos condiciones que todo Estado debe promover como requisitos para alcanzar el pleno disfrute de los DD.HH.: Contar con sociedades democráticas, y crear condiciones de mayor igualdad, son dos componentes que nos van a dar los cimiento para lograr condiciones de disfrute de DD.HH.
Cuando uno piensa en DD.HH. y lo liga a los años '80 se piensa en las dictaduras, pero si lo piensa en esta década piensa en las migraciones, ¿cómo enfrenta la CIDH este tema?
Para mí este es el tema más acuciante en la agenda de Derechos Humanos que vivimos como región. Existen retos al interior de cada uno de los Estados y hay problemáticas que se repiten, pero el tema de la migración es una preocupación de carácter regional. Ahí la CIDH ha dado algunas acciones, una en 1996 en respuesta a una grave situación de desplazados internos y trabajadores inmigrantes creó la Relatoría sobre Desplazados Internos y Trabajadores Migrantes y sus familias, más tarde en el 2012 la Comisión modifica el mandato y es la relatoría de los Derechos de los Migrantes.
La Comisión ha hecho dos informes sobre el tema. Uno sobre refugiados migrantes en Estados Unidos: familias y menores no acompañados el 2015, y otro sobre movilidad humana y estándares Interamericanos el 2016. Este último documento es importante porque están contenidos los estándares interamericanos que deben ser aplicados en la protección de los migrantes conforme a la Convención Americana. En este momento se está elaborando otro que tiene que ver con criterios jurídicos para el procesamiento de solicitudes de refugio y de asilo.
A todos nos queda claro que está en la soberanía de los Estados dictar su política migratoria pero también creo que hay un entendimiento universal de que independiente de esa prerrogativa de los Estados, tiene que hacerse con el respeto a estándares mínimos de DD.HH. y agregaría algo más, que tiene que hacerse con una visión humana frente a este grave problema.
Por el otro lado, si las sociedades empezando por los gobiernos no muestran este sentido de humanidad, no lanzan este sentido de solidaridad, entonces lo que se genera es una animadversión en la sociedad que se traduce en situaciones de xenofobia y discriminación.Texto: Felipe Ramírez Fotografías: Felipe PoGaMiércoles 4 de septiembre de 2019