En el marco de la discusión de la reforma previsional, el académico de la Facultad de Economía y Negocios y ex superintendente de Valores y Seguros, alertó sobre la urgencia de alcanzar acuerdos que permitan mejorar las pensiones, analizó el proyecto presentado por el gobierno que incluye la creación del Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), y reflexionó sobre los distintos aspectos relativos al urgente fortalecimiento del componente solidario en el sistema de seguridad social.La urgencia de alcanzar acuerdos que permitan superar la actual situación de urgencia de aquellos trabajadores jubilados de nuestro país que reciben bajas pensiones es la premisa central para el académico de la FEN, Guillermo Larraín, al hablar sobre la actual discusión previsional que se desarrolla en el Congreso.
A pesar de haber pasado más de una década desde que el debate se iniciara, el también ex superintendente de Valores y Seguros lamentó que aún no se haya logrado alcanzar un acuerdo en la materia, rescatando la apertura del actual gobierno a aceptar la demanda ciudadana porque el Estado cumpla un rol más activo en materia previsional.
En esta entrevista con Prensa U. de Chile, el académico analizó la propuesta presentada por el gobierno ante el Congreso Nacional, y desglosó los desafíos actuales para fortalecer el componente solidario, poniendo especial énfasis en la necesidad de que todos los trabajadores, sin importar el estado laboral que tengan.
¿Cuál es el contexto en el que se enmarca el actual proyecto de reforma previsional?
Desde el año 2008, cuando se convocó la Comisión Marcel, ha habido al menos tres instancias encargadas de pensar y dar sugerencias sobre cómo reformar el sistema previsional; eso significa que hemos dejado pasar mucho tiempo y seguimos con pensiones muy bajas, es una situación que no puede esperar más.
Estamos en una situación de pensiones que es lamentable, en eso todos están de acuerdo, y hay una urgencia en poder avanzar en corregir esto. Han pasado 11 años y seguimos con pensiones muy bajas, el pilar solidario de la reforma del 2008 ha ayudado pero las comisiones subsecuentes no han permitido sacar adelante la reforma, y hay que de alguna forma enfrentar este período con un ojo crítico pero constructivo para poder avanzar.
En función de esta década de debate, marcado además por las movilizaciones del movimiento No + AFP, ¿cómo se entiende el surgimiento de esta entidad estatal nueva, el CASS? ¿Responde a lo que se ha demandado?
Creo que hay una demanda muy clara de la ciudadanía para que el Estado se involucre mucho más, no sólo a nivel del financiamiento, que ya ha ocurrido de cierta forma con el pilar solidario y que acá supuestamente se va a incrementar, sino que también de manera un poco más directa, en alguna forma de gestión del sistema previsional, y creo que en un acto de realismo, porque no era lo que este gobierno proponía, se está avanzando un poco en esta dirección.
Nos estamos dando cuenta como sociedad que el problema de pensiones -esto ya lo sabía la centroizquierda pero a la derecha le costó darse cuenta-, requería de un involucramiento del Estado más fuerte, decidido y distinto a la sola entrega de financiamiento y regulación financiera. Creo que es importante que avancemos, es promisorio lo que se está debatiendo.
Sin embargo pareciera que los actores movilizados no están satisfechos con este nuevo ente, los críticos dicen que a pesar de ser estatal se mantiene enmarcado dentro de la misma lógica
Lo primero es que estamos en una fase inicial de la tramitación legislativa, lo que se sabe ahora es lo que salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, hay Comisión de Hacienda, hay sala en la Cámara, después las mismas dos comisiones y la sala en el Senado y luego Comisión Mixta, entonces falta mucho por avanzar. Lo que veo es que hay una disposición a dialogar que me parece importante porque es evidente que hay una necesidad de los pensionados de recibir mejoras importantes y sustanciales en sus pensiones, tendremos que ponernos de acuerdo en el Congreso de una forma que sea aceptable para todos.
En ese sentido el rol del CASS, ¿cómo viene a cambiar la situación?
Honestamente creo que tal como está ahora no es el ideal, y espero que mejore en la tramitación que viene, porque así tal cual lo que estamos haciendo es administrar más ahorros. El CASS es un Consejo Administrador de Seguros Sociales, entonces lo que va a venir en la tramitación que sigue es la discusión de formas de seguros que no están por el momento contempladas y que lo van a llevar a parecerse un poco más quizás a lo que planteó la Presidenta Bachelet. No sabemos cuánto pero probablemente va a ir hacia allá, y tendremos que establecer los seguros que parezcan más eficientes para resolver el problema que tenemos entre manos.
Respecto al componente solidario, ¿se avanza en esta materia?
Creo que tiene que haber más solidaridad. No hay sistema de seguridad social respetable en el mundo que no tenga componentes de solidaridad importantes, pero, ¿cómo se produce esa solidaridad, cómo se financia y qué requisitos tiene?, porque la palabra “solidaridad” se presta para equívocos.
La pregunta es quién es solidario con quién: hay gente que dice que la solidaridad tiene que financiarse a través de impuestos generales porque así es toda la nación: no solo los trabajadores sino también los dueños del capital, los que financian a través de sus impuestos por ejemplo las transferencias a quienes tienen pensiones más bajas. Esa es una forma de entender la solidaridad. Hay otra forma de entenderla, que plantea que tiene que ser un sistema cerrado donde la solidaridad sea entre trabajadores activos hacia inactivos, de las generaciones actuales a las futuras, y creo que todas esas formas son atendibles pero tenemos que llegar a algo que sea convincente y aceptable por todos.
Mi posición particular es que cuando miras por ejemplo la reforma del 2008 de Bachelet, la Comisión Marcel sugería que el pilar solidario iba a tener más o menos a esta altura un 1,2 por ciento del PIB dedicado a financiarlo. Eso en la práctica no ocurrió, tenemos un pilar solidario que está en el 0,7 o 0,8 por ciento del PIB, le falta la mitad de los recursos que supuestamente iba a tener, entonces no obstante que uno puede pensar que el mecanismo de la tributación general entrega una forma de solidaridad, creo que es una solidaridad débil porque la experiencia prueba que no le llegan los recursos que se quisiera.
¿Cuál sería el rol de los empleadores en este esquema? En otros países de la OCDE ellos aportan de manera contundente, a diferencia de la situación en Chile.
Acá se va a producir una cosa media rara porque el componente solidario va a estar financiado por los empleadores cuando en estricto rigor uno pensaría que es un problema de los trabajadores: solidaridad de trabajador con trabajador y no de empresa con trabajadores de otros lados, y eso va a guardar una forma que estéticamente pudiera ser medio debatible, pero que no cambia la situación de fondo.
En economía lo que decimos es que la incidencia de los impuestos no depende de quién lo pague, sino de otras cosas, y lo que quizás debiera hacerse es que la cotización de estos seguros deberían ser de cargo del trabajador y que el empleador cotice a la cuenta individual de su propio trabajador, en lugar de que el empleador financie la solidaridad, pero creo que al final del día es una discusión que nos va a dejar donde mismo.
Lo que no podemos hacer hoy día es subir la tasa de cotización mucho más allá de lo que estamos haciendo: vamos a pasar del 10 más la comisión al 11, más la salud, en total vamos a subir 4 o 5 puntos más, que desde la perspectiva de los costos laborales, independiente de quién lo pague, van a subir en forma significativa, entonces no es trivial que la economía absorba ese impacto.
Chile tiene un sector informal importante con gente que no tiene contrato de trabajo y accederá luego a una pensión, ¿qué sucede con ese segmento de la población?
Hay dos grupos ahí: uno es el sector realmente informal, el vendedor callejero por ejemplo, y el otro el de los trabajadores independientes que puede ser un taxista, un profesional, y son distintos.
La reforma del 2008 ya estableció una transición para que el trabajador independiente esté obligado a cotizar, pero ninguno de los gobiernos desde entonces han avanzado en hacer que esta obligación se cumpla. Yo creo que desde el punto de vista de la seguridad social la única forma de que los chilenos estén tranquilos con su situación en la vejez es que todos contribuyamos sin importar el estado laboral en el que estemos. Aquí tenemos una discusión sobre solidaridad: no hay ningún sistema donde ésta funcione hacia quienes nunca contribuyeron, salvo pensiones básicas mínimas para que la gente no muera de hambre.
Un verdadero sistema de seguridad social lo que requiere es el cumplimiento de las obligaciones de todos: una solidaridad inducida, no espontánea, y el Estado debe preocuparse de que todo el mundo participe y pague para que todos puedan beneficiarse. Entonces hay que generar los mecanismos de obligatoriedad para que todo el mundo participe del sistema de seguridad social.
En el caso de los trabajadores informales que no pagan impuesto, que está al margen del sistema, hay que buscar formas de que esta gente vaya incorporándose, no es algo fácil y requiere mover varios hilos pero es importante para que ellos tengan cuando llegue el momento recursos financieros para financiar su vejez.Texto: Felipe Ramírez Prensa-UChileMiércoles 24 de julio de 2019