A 10 años del movimiento que remeció las bases del sistema educacional, social y político, académicos y académicas del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadores del CIAE de la U. de Chile analizan su impacto. Junto a la crítica dirigida al régimen de mercado en la educación, el fenómeno trajo consigo importantes reformas en el área, además del surgimiento de nuevos actores políticos e influencia en movimientos sociales. Los especialistas plantean además su relación con las posteriores demandas por una nueva Constitución.Miércoles 1 de junio de 2011, 4 AM. Unos treinta jóvenes hombres y mujeres se reúnen en un sitio eriazo en la población Arturo Prat en Copiapó. Su liceo, el Tecnológico de Copiapó, está en crisis. El edificio, construido para 600 estudiantes, alberga a 800, mientras que los baños tienen hongos y filtraciones. La molestia de los jóvenes se arrastraba desde hacía varios años, pero ante la nula respuesta de la municipalidad, esa noche los jóvenes se juntan en el sitio eriazo que colinda con el liceo y saltan la pared. Los dos guardias que custodian el recinto llaman a la empresa contratista, la que los autorizó a irse.
Así retrata el libro “Mala Educación” (E. Simonsen, Random House, 2012) el inicio de la primera toma de un liceo del país en 2011. El movimiento estudiantil llegó a tener 800 tomas de escuelas, liceos y universidades en su peak, las que llegaron a durar hasta 7 meses. Hubo numerosas y multitudinarias marchas, algunas encabezadas por los rectores; otras, como la del 30 de junio, reunieron a más de 200 mil personas. Esta etapa, además, tuvo como costo tres ministros de Educación en un año y 4 en la totalidad del período presidencial.
A 10 años del movimiento estudiantil, académicos y académicas del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) e investigadores del CIAE de la Universidad de Chile analizan cuáles fueron los impactos de este hito.
Cuestionamiento al régimen de mercado en la educación
En su libro “El mercado en la educación” (LOM, 2015), el investigador del CIAE Cristian Bellei argumenta que, a partir de la reforma de 1980, el sistema educacional chileno se caracteriza por su elevado nivel de privatización y por el hecho de organizarse abiertamente como un mercado. Bellei argumenta que las reformas implementadas desde los noventa en adelante no cambiaron dicho modelo institucional, sino que intentaron complementarlo y perfeccionarlo. Mientras la discusión pública, se debatía entre currículo, formación docente, textos escolares y evaluaciones, nada se decía sobre el modelo privatizador bajo el que estaba estructurado el sistema.
Hasta que vino el primer golpe con el movimiento estudiantil de 2006, que demandaba fin al lucro y fortalecimiento de la educación pública. “La gracia del movimiento pingüino fue vincular la idea de que el régimen de mercado el que está a la base de la mayor parte de los problemas en educación y que esto se replica en otros aspectos”, dice Bellei.
Coincide con esta visión la académica del IE y Premio Nacional de Educación, Beatrice Ávalos, quien afirma que “los estudiantes pusieron en el centro de los debates político-ideológicos referidos a educación: la defensa de la educación pública y su mercantilización”.
Esto se consolidaría con el movimiento de 2011, con los temas de gratuidad, democratización en los gobiernos universitarios, inclusión, fin al lucro y fortalecimiento de la educación pública. Demandas que se instalaron, a juicio del académico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) y del IE, Cristian Cabalin, “con estrategias de movilización y conducción (uso intensivo de medios de comunicación y RRSS; marchas-intervenciones; liderazgos carismáticos, entre otras) muy inteligentes y novedosas”.
Desde una perspectiva historiográfica, el académico del IE, Andrés Donoso, añade que todos estos temas han estado desde varias décadas en los movimientos sociales en América Latina. “Es importante tener muy presente que el movimiento estudiantil de 2011 no levantó banderas desechables o efímeras. Muchas de ellas han estado presentes en el estudiantado latinoamericano por más de cien años”, señala.
Reformas en educación
Hasta la década de los 2000, el país no había desarrollado reformas profundas en el campo de la educación que cambiaran la lógica de mercado del sistema educacional. En ese sentido, el primer gran cuestionamiento público vino en 2006, con el movimiento de los pingüinos, “que fue el primero que impugnó la institucionalidad”, dice Bellei. En 2006, el campo político acusó el golpe, colocando fin a la LOCE y reemplazándola por la Ley General de Educación (LGE), que dio paso a un sistema de aseguramiento de la calidad y colocó el foco en mayores controles, por ejemplo, con la creación de la Superintendencia de Educación.
Sin embargo, fue el movimiento de 2011 el que logró que se empezara a inclinar la balanza. A juicio de Beatrice Ávalos, “el movimiento estudiantil logró visibilizar grandes problemas referidos a la equidad en la educación superior y escolar que no habían sido abordados derechamente por los gobiernos de la Concertación”.
Bellei añade que “el gobierno de Piñera básicamente defendió la institucionalidad, pero comienza un camino de dar concesiones, como ofrecer bajar las tasas de interés del CAE, avanzar hacia una política de gratuidad creciente, aunque no universal, cosas que nunca hubieran estado en un gobierno de derecha”. Agrega que “es tan fuerte la presión que termina con 4 ministros de Educación”.
Luego vendría el gobierno de Bachelet que llevó las principales banderas del movimiento a su programa de gobierno. “Su programa es el más progresista hecho por ningún gobierno y busca alinearse con demandas de los movimientos estudiantiles”, explica Bellei. Entre las reformas impulsadas figuran el fin de la municipalización de las escuelas públicas, con la creación de los Servicios Locales de Educación; el fin de copago, del lucro en la educación y de la selección escolar. “En el campo de la educación escolar, se cumple con las demandas del movimiento estudiantil en parte”, agrega Bellei.
“Los estudiantes y profesores (que se les unieron) pidieron la des-municipalización y sabemos que esto está en ‘lento camino’ con la creación de los Servicios Locales de Educación. Otras mejoras para los profesores que reclamaron los estudiantes y profesores fue el establecimiento de una carrera docente y mejoras salariales, lo que avanzó con la Ley de Desarrollo Profesional Docente”, dice Ávalos.
En educación superior, los cambios no son tan claros, porque no son institucionales, pese a la expansión de la gratuidad. “Hay todavía mucho debate sobre cómo se hizo la gratuidad. No es estrictamente un voucher, pero no es financiamiento basal a instituciones. Por el entrabamiento constitucional, el sistema termina beneficiando a los estudiantes, pero dentro de las lógicas del mercado. Se terminó con un híbrido”, reconoce Bellei.
Donoso complementa que “desde 2011 se ha avanzado en algunos puntos, como, por ejemplo, en el aumento de las becas para costear los aranceles, pero en otras materias fundamentales, como la participación estudiantil en los gobiernos universitarios o el fin al lucro en la educación superior, poco o nada se avanzó”.
¿Cómo evaluar entonces el impacto en este sentido? Para Bellei, éste es claro: “Más allá de los bemoles, el impacto es gigantesco. No creo que haya habido otro paquete de reformas tan importantes, aunque hayan sido incompletas, y cuyo sello es responder al movimiento estudiantil. Eso no es muy común”, dice.
Donoso, sin embargo, matiza este punto: “Sobre si el sistema político tiene la capacidad para responder a esas demandas diría que, hasta la fecha, no es mucho lo que ha mostrado. Los problemas en muchas áreas sensibles del país no hicieron más que agravarse en los últimos lustros, y todo ello a pesar de las muestras de buena voluntad que expresaron algunas de nuestras autoridades”.
Para Beatrice Ávalos, “la petición por un sistema de educación pública gratuita, democrática y de calidad organizado y financiado por el Estado (Chile tenía un bajísimo presupuesto para educación comparado con otros países) es todavía un tema pendiente hoy”, que espera sea abordado por la Asamblea Constituyente.
Nuevos actores políticos e influencia en la formulación de políticas públicas
En un trabajo publicado por la revista Current Issues in Comparative Education (CICE), del Teachers College de la U. de Columbia, Cristian Bellei y Cristian Cabalin analizan el impacto del movimiento estudiantil en la arena de la formulación de políticas públicas. Ambos sostienen que, durante las últimas décadas y de manera creciente, el diseño y evaluación de políticas públicas en salud, pobreza y educación se han volcado hacia la arena de profesionales expertos. Los beneficiarios de dichas políticas -en este caso, los estudiantes- tradicionalmente fueron excluidos de dicho diseño. Esto cambió con el movimiento estudiantil chileno. "La participación estudiantil cambió la noción del ciclo diagnóstico-diseño-implementación-evaluación que caracteriza la estructura burocrática y tecnocrática para crear políticas. El movimiento estudiantil no solo visibilizó y puso urgencia a nuevos problemas, sino que visualizó nuevas interpretaciones para esos problemas", dicen Bellei y Cabalin en el artículo.
Un ejemplo claro es cómo gran parte de la agenda política que se implementó tras los movimientos de 2006 y 2011 recogía parte de dichas demandas. “El movimiento modificó el contexto de influencia de las políticas educacionales al punto de que hoy varias de las políticas que se están implementando tienen como base las demandas de los estudiantes de 2011”, dice Cabalin.
La influencia en los movimientos sociales
Según Donoso, para analizar el impacto del 2011 en el movimiento social hay que retrotraerse a una mirada que abarque una mayor perspectiva, hasta fines de los años 90 e, incluso, hasta las movilizaciones de los años 80, todos los cuales, dice, estaban en la misma sintonía. “El movimiento estudiantil de 2011, como todo movimiento social, no se dio en un vacío”, dice el académico. Agrega que, desde ese foco, hay que ver cómo este “dialoga con otros movimientos sociales que en las últimas décadas han estado muy activos, como el movimiento mapuche, el feminista o el medioambiental”. De esta forma, el movimiento estudiantil empezó a vincularse, pero también a ser un catalizador de los movimientos sociales.
En este sentido, Bellei recuerda que en 2006 se constituyó, por primera vez, el bloque social y que en 2011 empezaron las movilizaciones sociales más allá de educación. “El movimiento estudiantil debe ser la señal más articulada de un gran malestar general –especialmente desde la clase media- contra el sistema socioeconómico neoliberal. Particularmente, los altos niveles de mercadización en el acceso a la salud, vivienda, seguridad social y educación y la ausencia de derechos sociales garantizados”, dicen en un artículo Cristian Bellei, Cristian Cabalin y Víctor Orellana.
El estallido y la demanda por una nueva Constitución
¿Influyó el movimiento estudiantil en el posterior estallido de 2019 y en la demanda por una nueva Constitución?
Donoso y Bellei creen que sí, aunque con distintos matices. “No es posible determinar si uno u otro fue más determinante o influyente que los demás en la gestación del octubre de 2019, pero sí es claro que todos y cada uno jugaron un rol fundamental”, sentencia Donoso. Y acota que “quizá el gran movimiento estudiantil de 2011 (sumados a los otros grandes movimientos sociales del último tiempo) influyó en que los y las manifestantes de 2019 ya no identifiquen que el problema radicaba en un aspecto o dimensión de la sociedad (sea en el transporte, la educación, la salud o las pensiones), sino que en los principios ordenadores de todas estas dimensiones: el paradigma neoliberal”.
Por su parte, Bellei cree que efectivamente influyó, en la medida en que muchos de las demandas no pudieron llevarse a cabo precisamente porque la Constitución era uno de los límites. “La Constitución no le permite al Estado chileno priorizar financieramente a la educación pública, porque se considera que su rol es garantizar que haya oferta pública y privada. El rol subsidiario del Estado es lo que impide hacer eso, se acusaría discriminación contra el libre emprendimiento de la actividad económica privada”, señala. Y menciona, por ejemplo, que en la reforma a la educación pública que creó los Servicios Locales de Educación, solo se le dieron recursos porque se crearon nuevos servicios. “Si no se hacía así, se pensó que la derecha lo llevaría al TC por la lógica de la igualdad de trato consignada en la Constitución”, ejemplifica.
En este sentido, Bellei es claro: “Las insuficiencias del sistema terminaron en una demanda de cambio de la Constitución que tiene a la educación como uno de sus elementos centrales, porque precisamente la Constitución es uno de los límites”.Instituto de Estudios Avanzados en EducaciónUniversidad de ChileMiércoles 4 de agosto de 2021