Por Juan Carlos Villarruel / ConsumoTIC
Para que el proceso de reforma emprendido por la actual legislatura al sector de telecomunicaciones y radiodifusión resulte en algo mejor a lo que se tiene hasta ahora, es necesario que se tome en cuenta el aprendizaje de los esquemas del pasado, tanto en sus aspectos positivos como negativos, porque si todo lo aprendido se borra, “la pérdida será para toda la sociedad”.
Así lo advirtió Elena Estavillo, directora del Centro i para la Sociedad del Futuro, quien explicó que en el contexto de la formulación de las leyes secundarias que regularán las facultades de competencia económica y de regulación de las telecomunicaciones, una vez decretada la desaparición del IFT y la Cofece, el Congreso de la Unión debe tener en cuenta los aciertos y errores que tuvieron lugar en el pasado.
Los órganos autónomos que desaparecerán con la decisión que tomó la Cámara de Diputados el 21 de noviembre pasado, “surgieron de años de intentar distintos diseños institucionales, corregir fallas, redefinir procedimientos y fortalecer facultades”; por lo tanto, toda esa experiencia debe ser tomada en cuenta para crear algo mejor.
“No es negativo per se reformar ni modificar, pero hay que hacerlo desde la experiencia, la reflexión y el aprendizaje”, para que el resultado lleve a una evolución respecto a la institucionalidad previa y, sobre todo es importante que en este proceso en el que el Congreso deberá generar la legislación secundaria, “no se borre lo aprendido” pues estos son procesos sociales largos y costosos, en caso de ser desechados, generaran un costo considerable para toda la sociedad, señaló la también ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Se dijo preocupada pues aparentemente no se ha entendido la complejidad de rediseñar no sólo a las autoridades encargadas, sino los procedimientos mismos y la asignación de facultades que tendrán los nuevos entes, lo cual es fundamental para el buen desempeño de las futuras instituciones que se encargarán de la competencia económica y la regulación del sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
En ese sentido, más allá del diseño por el cual se opte, advirtió que repartir las facultades actuales del IFT en “nuevas o viejas entidades, debilitará la capacidad del Estado para regular e impulsar al sector, ante el riesgo de regresar a fórmulas que ya probamos en el pasado y claramente no resultaron”.
Por ejemplo, la doble ventanilla que durante años impidió supervisar adecuadamente a los concesionarios, o bien involucrar a dos entidades distintas, para la regulación de los agentes dominantes, lo que se intentó desde la creación de la primera CFC y la COFETEL durante casi 20 años y nunca funcionó.
Insistió en que en el proceso legislativo para la creación de las leyes secundarias a que hacen referencia los artículos transitorios de la reforma al 28 Constitucional, es indispensable que los legisladores cuenten con un entendimiento claro de cuán complejo puede ser rediseñar tanto a las autoridades mismas, como a los propios procedimientos y la asignación de facultades.
Cabe recordar que de acuerdo con el nuevo diseño institucional (que todavía no se completa), se tiene previsto crear un órgano descentralizado que asuma las funciones de competencia económica que hasta ahora desempeña el IFT, mientras las facultades regulatorias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión pasarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (de nueva creación).
Sin embargo, Elena Estavillo insistió que con independencia de los detalles de ese diseño institucional, lo importante será tomar en cuenta las experiencias del pasado (tanto positivas como negativas), para crear algo mejor a lo que actualmente se tiene, y con ello evitar afectaciones a la sociedad en su conjunto.
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