Autoridades de la Universidad de Chile reconocen esta política como un aporte en su espíritu y principios. Sin embargo, critican la ausencia de las universidades en el texto como pilares fundamentales de la investigación y el desarrollo, así como las señales contradictorias asociadas a la disminución del ya exiguo presupuesto para el sector, la suspensión de las Becas Chile y la baja en los aportes basales para las universidades. Plantean además que el momento constitucional representa una oportunidad para discutir esta materia fundamental sobre el país que queremos a futuro.A fines de septiembre, el gobierno anunció el Proyecto de Ley para el Presupuesto Nacional de 2021, iniciativa donde la ciencia resultaba afectada por un recorte superior a los $16 mil millones de pesos, lo que significa una contracción presupuestaria de 9,2  por ciento para Investigación y Desarrollo (I+D) respecto a este año. Mientras la discusión sobre esta propuesta continúa en el Congreso, la autoridad publicó el pasado 27 de octubre la nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que de acuerdo al ministro de la cartera, Andrés Couve, orientará el plan de acción en la materia durante los próximos dos años.
Autoridades de la Universidad de Chile valoran esta política como un avance en relación a su espíritu, principios y objetivos. Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de nuestro plantel, destaca que exista un plan y una visión centralizada, ya que “uno de los diagnósticos planteados es que ha existido una falta de lineamientos en el área y se ha dado más bien una suma de iniciativas que muchas veces no conversaban. Otros elementos positivos son el enfoque transdisciplinario de la investigación, la perspectiva de género, el impacto de la regionalización y descentralización”.
Marcela Munizaga, directora Académica y de Investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, releva los principios planteados, “destacando aspectos como la excelencia, diversidad y compromiso ético. También me parece positiva la manera como se aborda el hecho de que para alcanzar los objetivos de desarrollo integral y sostenible, se requiere un continuo que va desde la ciencia básica hasta la transferencia, y que para lograr eso se requieren distintos instrumentos y programas”.
La directora de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Marisol Facuse, sostiene que la principal fortaleza es la voluntad de construir una institucionalidad de manera participativa. Por otra parte, comenta que si bien se plantea una agenda a dos años, que puede ser muy cortoplacista, “existe una oportunidad para abrir la discusión sobre la ciencia, el conocimiento y el rol de las universidades públicas en el marco del proceso constituyente, de manera abierta a la ciudadanía. Creo que el principio de una ciencia con relevancia social nos está demandando hoy abrir mucho más el debate a las comunidades implicadas, no solamente en su etapa final, de divulgación, sino también en su etapa de producción”.
Ausencia de las universidades
Una de las principales críticas al documento es la ausencia de las universidades en el texto. “Me llama mucho la atención que en las 100 páginas de este documento aparezca solamente dos veces la palabra universidad: la primera vez como crítica a su desvinculación con el sector productivo, y después en los agradecimientos por los espacios prestados para esta discusión. Me parece que da una muy mala señal. Las universidades forman parte central del ecomundo científico, en ellas se produce el 90 por ciento de la investigación en el país. Entonces, no dar un mayor protagonismo a las universidades creo que incluso debilita los propios objetivos que se quieren cumplir con esta política. Esta es la mayor debilidad, y lo encuentro muy grave”, señala el vicerrector Salazar.
“Veo que la política no reconoce de forma adecuada el rol de las universidades en el ecosistema de investigación e innovación. Las universidades no son un actor más, son las instituciones permanentes donde los investigadores se forman y desarrollan carrera académica con contrato indefinido. Se podría decir que es el sustrato donde la investigación e innovación se desarrollan”, advierte por su parte la profesora Marcela Munizaga.
Para Marisol Facuse, en tanto, es imposible separar la discusión sobre esta política del debate más global sobre educación superior y universidad pública. “Las universidades públicas hoy están condenadas al autofinanciamiento y los científicos a una concursabilidad cada vez más competitiva, dependiendo de apoyos que no son permanentes ni basales. El mismo ministro dice que estamos ante un ecosistema fragmentado. Estoy de acuerdo con ese diagnóstico, por eso creo que la discusión sobre universidad pública tiene que ser transversal a la discusión sobre producción de conocimiento a nivel público”.
Financiamiento
En este contexto, la reducción del presupuesto en ciencia es preocupante, sentencian los tres académicos, sobre todo al considerar que con el 0,36 por ciento del PIB que se quiere destinar a esta área estamos muy por debajo del promedio de 2,58 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) e incluso debajo del promedio a nivel latinoamericano de 0,71 por ciento, de acuerdo a datos del Banco Mundial. En el marco de esta contracción destaca además la suspensión del programa Becas Chile y se suma la disminución de aportes basales a las universidades públicas.
Para Flavio Salazar este elemento es otro factor vital que pone una gran interrogante sobre la viabilidad de la política. “En cualquier proyecto las hipótesis y los objetivos tienen que conversar estrechamente con la viabilidad que otorga el financiamiento. Ahí hay una debilidad estructural porque seguir con el estancamiento presupuestario de los últimos 10 años y ahora este shock que significará la disminución presupuestaria al final resta credibilidad a todas las ideas que se quieran implementar. En el fondo no sabemos si el plan contará o no con el financiamiento adecuado”.
“En un momento de pandemia queda más que clara la importancia de la ciencia y también de la soberanía en la producción del conocimiento. Ni siquiera se habla de pensar en un horizonte presupuestario digno para que la ciencia pueda contribuir a mejorar la vida de las personas, objetivo que de hecho se plantea en la política. Espero que a futuro el conocimiento como bien público tenga un lugar importante en el debate sobre una nueva Constitución, así como el financiamiento robusto a la universidad pública, que es la única capaz de cautelar que la producción de conocimiento no vaya únicamente en beneficio de intereses particulares”, comenta Marisol Facuse.
En la misma línea, señala Marcela Munizaga, “una contracción presupuestaria sería realmente desastrosa, el presupuesto ya es insuficiente. Hoy día muchas propuestas bien evaluadas quedan sin financiamiento por falta de recursos. Si se crean nuevos programas sin aumentar el presupuesto, ese número va a aumentar, desperdiciando importantes oportunidades de desarrollo y generando frustración en los investigadores. Si a eso le sumamos disminuir el aporte basal a las universidades, se debilita el sustrato en el cual se basa todo el sistema de investigación e innovación”.
Desafíos pendientes
Frente al avance y los desafíos asociados a esta política, Flavio Salazar enfatiza la necesidad de incorporar en los lineamientos al sistema universitario que realiza investigación, no sólo a los investigadores como actores individuales que pertenecen a estas instituciones. “Las universidades generan un aporte fundamental al proceso de investigación. Este es un tema que hay que discutir y corregir. Creo que viene una oportunidad con el debate sobre el Chile que queremos a futuro, y pienso que en esa discusión republicana tenemos que proponer una visión distinta a ésta, que deja afuera muy claramente el rol que pueden cumplir las universidades”.
Marcela Munizaga, en tanto, afirma que en el fondo, los elementos presentados en esta política “están muy alineados con lo que la Universidad de Chile quiere impulsar y desarrollar, así que desde ese punto de vista soy optimista. Lo importante es cómo se va a ejecutar esta política, y yo espero que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación reconozca el rol que tienen que jugar las universidades estatales, y en particular la Universidad de Chile en los ambiciosos objetivos que nos estamos planteando como país”.
Marisol Facuse agrega que esta política tiene un fuerte énfasis en ciencia y tecnología, en desmedro del conocimiento más general, y un marcado interés en el impacto económico. “Me parece que esa mirada es muy estrecha y deja supeditada la generación de conocimiento a la rentabilidad, y con eso finalmente a los intereses de las empresas. Si hablamos de conocimiento, entonces estamos incorporando también a las humanidades, las artes o a las ciencias sociales. Creo que eso no aparece muy claramente en la mayoría de los propósitos que se enuncian”. Propone además que la discusión sobre ciencia no debe convocar solamente a los científicos y científicas. "Estamos en un momento crucial. Cuando hablamos de una idea de desarrollo más ciudadano, más estratégico, más igualitario, en temas como el agua, la salud o la cultura, es necesario que el debate se abra a una multiplicidad de actores y cobre relevancia social", concluye.Texto: Cristian Fuentes Valencia Prensa UChileMartes 10 de noviembre de 2020