El trabajo de asistencia jurídica, monitoreo y observación de los derechos humanos realizado por la Defensoría Jurídica durante el estallido social fue detallado en un documento dado a conocer hoy en la Facultad de Derecho de nuestro plantel. La ceremonia contó con la participación del Rector Ennio Vivaldi, el decano Pablo Ruiz-Tagle, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, además de las y los integrantes del organismo. En la instancia, se anunció que la iniciativa, integrada por estudiantes y académicos, continuará su funcionamiento de manera institucionalizada.La Defensoría Jurídica –integrada por estudiantes, académicos y académicas, egresados y egresadas de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, junto a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la Corporación Londres 38, la Corporación 4 de agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos- dio a conocer hoy jueves 30 de enero un informe sobre su trabajo de asistencia jurídica, monitoreo y observación de los derechos humanos durante el estallido social. El documento, que reúne información correspondiente al período del 18 de octubre al 30 de noviembre, busca contribuir a la misión de observación en terreno que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra de visita en nuestro país.
El trabajo presenta información recabada por estudiantes, académicos y académicas de la Facultad de Derecho de la U. de Chile en comisarías, lugares de detención y centros de salud realizados. Esta labor fue sistematizada por el Centro de Derechos Humanos tanto para servir como insumo a otros defensores y defensoras del país, como para reportar a la población en general.
En la instancia el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, destacó la labor llevada a cabo por la Defensoría Jurídica, planteando que “si simplemente nos concentráramos en las violaciones que son más fáciles de perseguir, o las que realiza una persona aislada o un particular, y dejáramos que el Estado, por el hecho de reconocer que tiene el monopolio exclusivo de la fuerza, puede hacer lo que quiere, entonces validaríamos la tesis –equivocada a mi juicio- que para lograr la justicia es permisible cualquier tipo de violencia. Esa idea creo que es equivocada. La violencia y la fuerza que puede ejercer el Estado tiene que ser estrictamente limitada y respetar los derechos humanos de las personas”.
El Decano Ruiz-Tagle  anunció además que el trabajo de la Defensoría, con colaboración de la Rectoría, continuará realizándose con apoyo de los canales institucionales de la Facultad.
En la ceremonia, el Rector Ennio Vivaldi relevó el compromiso demostrado por todas y todos quienes integran la Defensoría. “¿Qué hace que en la U. de Chile se viva esta atmosfera?, que se sienta depositaria de un legado que hace natural que aquí haya surgido la Defensoría Jurídica. Este es un tema que tenemos que reflexionar porque naturalmente es la Universidad de Chile la que asume estas responsabilidades. Aquí hay un compromiso con el futuro inmediato de Chile, y hay una responsabilidad con el momento que vivimos como país”
Violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de DD.HH.
“En el período que se informa se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile. Se han vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza, lo que ha derivado en una grave crisis de derechos humanos en el país”, relata en una de sus primeras páginas el informe realizado por el organismo.
Asimismo, la académica y directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez explica que se han observado “hechos de extrema gravedad, que no solo implican agresiones graves a la integridad física y psíquica de las personas producto del uso abusivo de la fuerza por parte de los organismos policiales en nuestro país, sino también la pérdida de vidas humanas. El patrón de comportamiento ha sido una constante y estos antecedentes nos permiten dar cuenta de una conducta de parte de agentes del Estado relevante a efectos de determinar la responsabilidad que las autoridades políticas puedan tener respecto a estos hechos”.
El documento da cuenta de 2.152 denuncias realizadas entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, entre las que se cuentan situaciones graves como “atentados a la vida y/o integridad física y psíquica de las personas, incluyendo pérdida de vidas humanas; torturas; lesiones de distinta índole; mutilaciones, particularmente perdida de globo ocular o perdida de la visión; y casos de abusos que atentan contra la integridad física y psíquica como son la práctica sistemática de violencia sexual, además de detenciones ilegales y faltas al debido proceso”, detalló Nancy Yáñez.
Luego la abogada y representante de Abofem, Camila Troncoso, dio cuenta de las denuncias de irregularidades en la detención, uso de la fuerza y en el trato hacia mujeres, comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, migrantes, niños, niñas y adolescentes, además de amedrentamiento hacia voluntarios y voluntarias de la Defensoría por parte de las policías, impidiendo el acceso a los registros de las detenciones o a la posibilidad de constatar sus situaciones en los lugares de detención.
“En este contexto de violación sistemática a los derechos humanos la violencia política sexual una vez más, como lo fue en dictadura, ha sido utilizada como estrategia para castigar e intentar silenciar las voces de las personas que se manifiestan. Esta violencia se lleva a cabo principalmente en los lugares de detención, también durante los traslados y en la vía pública durante la detención. Actos como desnudamientos forzados, sentadillas mientras están desnudas, tocaciones y manoseos en distintas partes del cuerpo, golpes, burlas, miradas lascivas, insultos, además de amenazas de violación y violencia hacia ellas y sus familiares”, explicó Camila Troncoso, agregando que en el caso de la población LGBTIQ+ estas agresiones también se expresan en insultos y burlas particulares por su orientación sexual, su expresión de género y su identidad de género.
La representante de Abofem agregó además que la violencia político sexual no es algo nuevo en el marco de las manifestaciones sociales, ya que existen antecedentes de su ocurrencia en 2011 y que incluso “organismos internacionales durante 2011 señalaron y recomendaron al Estado investigar y sancionar toda la violencia sexual cometida por policías hacia mujeres y adolescentes en el contexto de estas manifestaciones (…) Estas son prácticas sistemáticas y arraigadas en la institución, y probablemente no conocemos la real magnitud real de los casos, porque existe una cifra oculta y probablemente muchas víctimas no denuncian por miedo a las represalias”, agregó Troncoso.
Conclusiones, recomendaciones y medidas
Vicente Bustos, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y vocero estudiantil al interior de la Defensoría Jurídica detalló parte de las conclusiones, recomendaciones y medidas propuestas para el Estado chileno contenidas en el informe. “Se concluye la vulneración grave, generalizada y sistemática de derechos humanos por acción de agentes del Estado, manifestada en prácticas estatales violatorias de los derechos efectuadas con el objetivo a desincentivar y reprimir los derechos a la protesta social, atentados a la vida e integridad física, homicidios imputables a agentes del Estado, mutilaciones, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias acompañadas de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, violencia sexual y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la Defensoría Jurídica ha constatado un uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de orden y seguridad pública”, relató.
Como recomendaciones inmediatas, se incluye también el cese de la represión y de la utilización de la Ley de Seguridad al Interior del Estado; garantizar el derecho a reunión de las personas; y un compromiso de salvaguardar los derechos de estudiantes y grupos vulnerables que se han visto seriamente afectados. Adicionalmente, se propone asegurar la independencia de los medios de comunicación para que puedan cumplir con la labor –fundamental- de documentar los hechos ocurridos; prohibir toda acción represiva o que impida la labor de defensa de los derechos humanos; y la adopción de informar de manera oportuna y poner a disposición la información relativa a denuncias, detenciones y tipos de lesiones en el contexto de las detenciones para realizar la labor de observación de derechos humanos.
Finalmente, en el documento se proponen otras medidas en el marco del compromiso con los derechos humanos que puede adoptar el Estado chileno, como la creación de una Comisión de Verdad y Justicia, comprometiendo así la investigación y sanción de los agentes del Estado responsables de vulneraciones de DD.HH. y garantizar un compromiso contra la impunidad, junto a la creación de un Plan Integral de Reparación en diversas áreas como salud, educación, materias laborales, entre otras, y la adopción de medidas de no repetición entre las que se proponen reformas a Carabineros y al Ejército; la aplicación de estándares internacionales en procedimientos policiales y capacitación para agentes del Estado en materia de derechos humanos; y una reforma de la justicia militar.Texto: Muriel Solano Fotografías: Alejandra Fuenzalida.Jueves 30 de enero de 2020